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Por considerar que el Partido de la U se entregó ideológicamente al presidente Iván Duque, el senador Roy Barreras, anunció que renuncia a esa colectividad y que buscará crear un nuevo partido en el que se defienda todo lo logrado con en el proceso de paz. Barreras así lo notificó luego de que en la Comisión I del Senado aprobara, en la reforma política, un artículo en el cual permitirá, que por una sola vez, se haga la escisión de los partidos, lo que les abriría la posibilidad de retirarse sin sanción. Lea también: Avanza propuesta que aumenta el número de congresistas colombianos Su declaración la hizo en una carta dirigida al presidente de la U, Aurelio Iragorri, en la cual le recuerda que después de 12 años de militancia “las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable”. “Parto hacia la construcción de una fuerza colectiva que recupere los caminos de la paz completa y de una sociedad más justa y equitativa. Será menester la suma de todas las voluntades dispuestas a ofrecerle a Colombia una alternativa democrática y legítima que derrote un régimen cada vez más autoritario”, indica Barreras en cuanto a su futuro político. Aunque Barreras dice que se va de la U, no renunciará a la curul de senador, es decir que seguirá ejerciendo como parlamentario, pero según él en condición de independiente. Esa postura de Barreras no es clara porque la Corte Suprema, en casos anteriores, había señalado que la curul no es de la persona sino del partido. Barreras no descarta además ser candidato presidencial. Dos millones de firmas Roy Barreras además anunció que desde mañana se lanzará a buscar el apoyo de al menos dos millones de personas para que se convoque a un referendo revocatoria del presidente Iván Duque. Aunque de manera formal ese referendo no está reglamentado en la Constitución, el senador sostiene que las normas sí lo permiten porque el mandatario incumplió con sus funciones. Entre las primera reacciones a su salida de la U, su colega de partido, senador Armando Benedetti, señaló que “a pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de acuerdo con la forma en la que se va del partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el gobierno. Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma de desbancarse. ¡Pero ojo, sigue siendo senador!”. Lea también: ´Agarrón´ de Paloma Valencia y Gustavo Petro en el Senado El senador uribista Ciro Ramírez, sostuvo que esa idea de buscar un referendo contra el presidente Iván Duque, no tiene cabida y no se podrá dar. En el mismo sentido la senadora Angélica Lozano, señaló que es una maniobra que busca desorientar porque la misma no está reglamentada. Al referendo que anuncia Barreras se deben sumar los que plantearon el expresidente Álvaro Uribe y el del senador, Rodrigo Lara.

Con tres normas el Gobierno Nacional ayudará financieramente a EPM y al Consorcio de la Costa (Enerpereira) para que asuman la operación de Electricaribe sin traumatismos, con el fin de evitar tropiezos en la prestación del servicio de energía eléctrica. Así, con un decreto del Ministerio de Minas y Energía (MME) y dos resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se despeja prácticamente el camino para que los dos operadores inversionistas asuman la tarea, no solo con flexibilización en la misma operación, sino con la disponibilidad de recursos en caja desde el primer día para evitar una crisis financiera. Lea también: ¿Qué pasó en Hidroituango? Esta será la salvaguarda que el Ejecutivo puso sobre la mesa para que EPM y el Consorcio de la Costa entren con seguridad y tranquilidad a asumir el servicio de Electricaribe. También es un seguro para evitar que se abstengan de hacer la tarea en el último instante por razones financieras. “Esperamos que el proceso sea exitoso para beneficio de toda la región Caribe y del país, en general. Hemos expresado que se requiere de una solución estructural, integral y de largo plazo. Confiamos en que las acciones que se están tomando incentiven la participación de jugadores estratégicos, con una buena experiencia y solidez financiera”, señaló José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). Con el Decreto 1231 del 2020 del MME, se abre una fórmula para el cargo de comercialización, con la creación de un régimen transitorio especial para asegurar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía, tanto en el mercado de Caribe Mar, como en Caribe Sol. Por su parte la Resolución 010 del 2020 de la Creg, también crea un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en el mercado que actualmente atiende Electricaribe. Precisamente, esta tabla de salvación –que hasta ahora se lanza para mejorar el servicio– fue la que solicitó en varias ocasiones la administración de la entonces Gas Natura Fenosa (ahora Naturgy), cuando tenía bajo su mando a Electricaribe, y a la que apelaría la defensa de Naturgy para argumentar que el Estado colombiano sí podía expedir, en su momento, una normativa similar para continuar con la operación y decidió no hacerlo perjudicando los intereses de la empresa. Y la Resolución 167 de 2020 de la Creg, con la que se modifican y establecen medidas de aplicación, con plazo de dos años adicionales, para que las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica logren el cumplimiento de metas de recuperación de pérdidas de energía. Para Javier Lastra, ex- agente interventor de Electricaribe, las prerrogativas para los nuevos operadores no son solo el aumento en las tarifas de energía para esta región del país, también está la exclusión de los pasivos, las inversiones en infraestructura programadas por $860.00 millones de pesos y la disponibilidad de préstamos con tasas de interés del 0% por parte del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario (Superservicios). Flexibilidad en comercialización La primera norma en expedirse fue la Resolución 010, cuyo articulado establece una flexibilidad para cobrar más gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM), con el fin de asegurar la sostenibilidad de la prestación “eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la región Caribe”. Lea también: La cascada alcista de las tarifas de energía eléctrica Es decir que, el régimen especial transitorio para tarifas, creado en la citada resolución, partirá de una presentación de un plan de inversión, con un horizonte a cinco años, correspondientes al período 2021 - 2025, y otro similar, pero para el período 2022 - 2025, y con fecha límite de radicación el 1.° de abril de 2021. “En caso que no se presente el plan de inversión en los plazos establecidos se considera que hay un incumplimiento a la regulación y una posible afectación de la calidad, seguridad y confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional (STN), Sistema de Transmisión Regional (STR) o Sistema de Distribución Local (SDL)”, advierte la norma. En el mismo sentido, el Decreto 1231 del MME refrenda la Resolución 010 de la Creg para esa modificación transitoria en el cálculo de la fórmula para los costos de comercialización de la energía, a partir del 2021 y por cinco años, y que resultaría prácticamente en un incremento en las tarifas de energía eléctrica en los mercados de Caribe Mar (EPM) y Caribe Sol (Consorcio de la Costa). El citado decreto indica que la que la variación en las tarifas del servicios de energía para los siete departamentos de la costa Caribe, debe ser igual a la “variación porcentual de tarifas del promedio nacional” y que debe verse reflejadas en un mínimo de inversiones programadas y desarrolladas. “Amparado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno a través del Decreto (1231 de 2020) permite a los operadores del servicio de energía en la costa a partir de 2021 incrementar el valor del Costo Base de Comercialización en un 20% así como el valor del riesgo de cartera en un 3% el cual se podrá mantener hasta por cinco años o hasta que se expida una nueva metodología de comercialización”, explicó Lastra. El exagente interventor recalcó que en el mes de septiembre de 2019 ya se había aprobado un incremento tarifario para que los operadores favorecidos con la venta de Electricaribe pudieran recuperar las inversiones en la infraestructura con miras a mejorar la calidad del servicio, reconocerles las pérdidas de energía e incrementar en un 3%, como mínimo, los gastos de administración, operación y mantenimiento. Recuperación de pérdidas La tercera norma es la Resolución 167 de 2020 de la Creg, con la cual se busca “modificar y establecer medidas de aplicación de algunas disposiciones sobre los planes de reducción de pérdidas definidas en la Resolución Creg 015 de 2018”. Lea también: De lo que no quieren hablar los políticos y gremios sobre Electricaribe (I) La razón por la cual la entidad técnica hizo el ajuste, es por una revisión de las condiciones de evaluación de los índices de pérdidas de energía por las “imprevisibles situaciones de disminución de consumo de electricidad” presentadas durante el año 2020, lo cual puede afectar el cumplimiento y el reconocimiento del plan de reducción de pérdidas de las empresas. “Se procede a flexibilizar las condiciones tarifarias al considerar que los efectos de la pandemia por la COVID-19, así como por los decretos de aislamiento preventivo obligatorio expedidos por el Gobierno y las autoridades territoriales, como medida para evitar la propagación del virus, tuvieron como consecuencia cambios significativos en los comportamientos de los consumos de los usuarios”, señala la Resolución 167

Con bombos y platillos el gobierno, algunos partidos políticos, casi todos los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad civil han anunciado la aprobación de la modificación constitucional que permite que haya cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, lo cual, a primera vista, es positivo, tal como lo muestra la gran mayoría de comentarios de los ciudadanos en las redes sociales. Pero como todo en este gobierno, las cosas no son como las dicen ni como las pintan. El gobierno y su coalición en el Congreso de la República tienen bien claro que, si hay algo más rentable que el populismo, es el populismo punitivo, lo cual no es más que tomar decisiones irracionales e irresponsables en temas de derecho penal en atención a lo que el uribismo ha dado en llamar “estado de opinión”. Y eso es lo que han hecho. Lea también: La seguridad: un tema pendiente tras 12 años de lo mismo Sí, están engañando a la ciudadanía, pues lo que seguramente ocurrirá con esta modificación normativa es que estos criminales salgan una vez cumplan los 25 años de cárcel y no que estén recluidos de por vida tal como lo anuncian, lo cual en términos reales es prácticamente reducir la pena que actualmente cumple o cumpliría cualquiera que haya o quisiere cometer estos bárbaros delitos. Y el gobierno de Duque y la coalición gobiernista del Congreso lo tienen muy claro. Es muy bien sabido entre los estudiosos del derecho penal -y por lo menos hay decenas de estudios que lo demuestran- que el aumento de penas, por sí solo, no incide en lo más mínimo en el comportamiento criminal. Es decir, aumentar las penas no evita que se comentan los delitos. Como ejemplo tomemos el delito de hurto En el anterior código penal (1980), la pena mínima era de un año y la máxima de seis años, en el actual (2000) la pena mínima es de dos años y medio y la máxima de nueve años, pero resulta que desde que iniciamos el nuevo siglo el delito de hurto no ha hecho más que aumentar año tras año. Ahora vayamos al futuro y apliquemos la norma aprobada. Automáticamente, Luis Alfredo Garavito, quien violó y asesinó a más de 172 niños y fue condenado a 40 años podría salir libre dentro de 3 años cuando, con 63 años, haya cumplido una pena de sólo 25 años y Juan Carlos Sánchez Latorre, alias ´Lobo Feroz¨, quien, con 35 años de edad, fue condenado a 60 años de prisión por el abuso y violación de más de 90 menores en el caribe colombiano, podría salir de la cárcel a los 60 años de edad. En ambos casos, con la normatividad anterior a la “cadena perpetua” aprobada la semana pasada, estos dos criminales muy posiblemente habrían muerto dentro de una cárcel o saldrían a edades avanzadas de entre 80 y 90 años de edad, lo que en términos prácticos sería una cadena perpetua, pues la expectativa de vida en Colombia es de 74,3 años para los hombres. Lea también: Jugar a los dictadores no resuelve la pandemia En fin, estábamos mejor antes que con esta nueva modificación engañosa del gobierno de Duque. Y engañan consciente e intencionadamente todos los que hacen parte de del gobierno porque cuando empiecen a salir estos criminales ya ellos no estarán en el poder, los colombianos no se acordarán quién aprobó la modificación, ni el porqué de esta y cuál fue la promesa de la nueva norma y, como siempre, lanzaran improperios a los jueces que, a la postre, tendrán que dejar libres antes de tiempo a estas bestias criminales. @oviedoking

Mucho se ha dicho del proceso de paz con las FARC, sabemos que el país se dividió entre el SI y el NO, y que la manera como se presentaron los fundamentos de una y otra postura, dejaron más sinsabores que tranquilidades. Un Acuerdo de Paz que no logró ser digerido por la mayoría de los colombianos, y unos opositores que se valieron de los vacíos de lo pactado, para repletar de mayores inseguridades a quienes no la tenían clara. El resultado, un país polarizado hasta la médula; por una disyuntiva que en principio luce paradójica: la posibilidad de una Colombia mejor enrutada hacia la paz y con menos muertos en ese tránsito. Lea también: Barranquilla, Hinterland del desarrollo de Colombia Esa fue la coyuntura con que se eligió al presidente Iván Duque; y aunque sus opciones para gobernar eran y siguen siendo variopintas, sus hechos hasta ahora, ratifican su determinación de decantarse, por la coherencia radical que entroniza el partido que lo hizo elegir; lo que a su vez da oxigeno, al estrepitoso ruido de una bestial disputa política que se siente eternizada entre la ciudadanía. El ideario de un partido político, no se implanta a la fuerza o a partir del autoritarismo cuando se llega al poder. Por vivir en un sistema democrático, es menester que esté presente en las líneas de acción gubernamental, las posibilidades de generar consensos y disensos; no obstante, la búsqueda de lo primero, será la tarea permanente de cualquier gobernante de estirpe democrática. Lo anterior para señalar, que aunque el Centro Democrático haya abanderado el NO en el referendo, lo cierto es que al instante siguiente de su posesión, el presidente debió encarnar entre otros, el rol de legítimo representante de los valores supremos de la paz y la reconciliación de la patria. Ese carácter desprovisto de sectarismo y repleto de generosidad, indefectiblemente le hubiera significado una mejor gobernabilidad, y la posibilidad de concordia sobre la principal disputa entre colombianos. Pero no, seguimos varados, los palos en la rueda a la implementación de los Acuerdos no cejan. El interés por superar las desavenencias es nulo y por el contrario, las acciones implementadas solo nos permiten colegir que este, no será el gobierno del postconflicto. Como van las cosas, en la historia quedará sentado que el período presidencial actual, fue una especie de vacío entre la firma de los Acuerdos de Paz y la consecuente implementación del postconflicto. Es extraño, como si fallara en ocasiones el sentido común; ¿quién pondría al diablo a cuidar las ostias ó a que nos represente en la ONU un violador de los derechos humanos?, así mismo, se ve un presidente dificultando la consolidación de la paz, o cerrándole la puerta a la posibilidad de mejorar los acuerdos. Con este talante puede que gane su partido político, pero sin dudas pierde el gobierno y en consecuencia, perdemos todos. Lea también: El reino de las noticias falsas Si tuviera al frente al presidente le diría: “… aunque sé que los días son difíciles y las cargas cada vez más pesadas, me permito hacerle una sola invitación, enamórese de la paz. El camino de una gran presidencia, incluye este camino. El balón sigue estando en su cancha.” Aunque a estas alturas, para él podría ser suficiente con que lo recuerden, como el presidente de la Pandemia.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha logrado conjurar de manera definitiva los paros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Como sucedió en 2015 y 2016, el sindicato de maestros de nuevo cesó actividades por supuestos incumplimientos. Por ahora, el paro es indefinido, pues no se han puesto de acuerdo ya que, por un lado, el Gobierno señaló que es injusto, teniendo en cuenta que ha cumplido con el pliego de peticiones del año anterior. Por el otro, Fecode piensa lo contrario; considera que los avances han sido mínimos y las promesas más gruesas, como el aumento salarial, no se han hecho realidad. Lea también: Maestros van a paro por incumplimiento del Gobierno. Santos dice que no hay recursos Tarsicio Mora, vicepresidente de Fecode y líder del paro, explicó los puntos en los que considera que el Gobierno ha incumplido. De otro lado, la ministra de Educación, Yaneth Giha, le respondió a través de diferentes informes de gestión. Aumento salarial de maestros Desde que comenzó el segundo período presidencial de Santos, los maestros han solicitado una “nivelación salarial para los docentes”. Para que esto se haga realidad han solicitado un incremento del 28 por ciento. Según Mora, “el salario tiene un gran deterioro. En los últimos meses no hemos logrado el incremento que solicitábamos, tampoco las primas de bonificación que pedimos”. Al respecto, el Ministerio asegura que “a comienzos de 2016 el Gobierno decidió que el aumento salarial de los servidores públicos sería un punto porcentual por encima de la inflación, es decir 7,77 %. En el caso de los maestros el aumento fue aún mayor: dos puntos por encima de los demás funcionarios, es decir 9,77 %. Este año el aumento también será de dos puntos adicionales y en 2018 ya no serán dos sino tres puntos por encima del aumento que reciban los servidores públicos”. Lea también: El SENA oferta 840 mil cupos virtuales para aprender inglés Si bien el incremento solicitado es del 28 %, la ministra de Educación señaló que no es posible, teniendo en cuenta “la realidad fiscal del país. Con la nivelación salarial se ha ido cumpliendo con el cubrimiento de los 12 puntos adicionales que se pactaron por encima del incremento salarial”. Modelo de salud de los profesores El proceso de licitación para seleccionar al operador de la salud de los maestros fue declarado desierto por la Fiduprevisora en enero de este año, pues ninguno de los 28 oferentes superaron los indicadores técnicos. Sobre este punto, Fecode pide “finiquitar el proceso de una nueva contratación y garantizar la prestación del servicio de salud”. Según Mora, “este proceso debe ser rápido para garantizarle un servicio digno de salud a los maestros. No entendemos por qué no le dan oportunidad a los hospitales para que presten los servicios.”. Sobre este punto, el Mineducación ha sido claro en que el proceso de contratación está a cargo Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del cual hacen parte dos miembros de Fecode. La licitación se retrasó, como lo admite el Ministerio, por una solicitud de suspensión emitida por la Procuraduría General de la Nación, organismo que realizó nuevas recomendaciones para garantizar la transparencia del proceso. Jornada única escolar en colombia Fecode no está de acuerdo con la forma en la que el Gobierno ha implementado la jornada única escolar en los colegios oficiales del país. Algunas de las razones, que alega, es que se presentan casos de hacinamiento y no hay pago de horas extras ni aumento de la planta docente. Lea también: Corte Constitucional ordena al Estado a proteger derechos del río Atrato “Usted no puede meter a 50 muchachos en una misma aula escolar ocho horas al día y doblar el trabajo de los profesores. Primero tiene que hacer edificios y contratar nuevos docentes. Esto no funciona si no aumenta el presupuesto”, sostuvo Mora. Al respecto, la ministra Giha destacó que el programa de la Jornada Única ha servido para reducir las brechas entre la educación pública y privada, pues entre 2015 y 2016 se beneficiaron 512.184 estudiantes de 1.107 colegios oficiales en todo el país. Además, señaló que en 2016 se entregaron 1.650 aulas nuevas y se mejoraron otras 645, con lo que se previenen los casos de hacinamiento. Formación y carrera de los docentes Una petición reiterativa de Fecode ha sido mejorar la educación de los docentes y cambiar algunos estándares de evaluación de los maestros para ascender en el escalafón. “Pedimos en primera medida la creación de un Estatuto Único Docente, sin embargo, el Gobierno no ha cumplido”, señala Mora. Sobre este punto, el Ministerio se comprometió a “crear una comisión tripartita Gobierno-Fecode-Congreso para discutir” la reforma del Estatuto Único Docente. Por otro lado, señaló que en la última evaluación aplicada a 30.000 docentes que no habían podido ascender en el escalafón, el 70 % de los maestros lograron la aprobación y ascendieron. El 30 % restante está en cursos de capacitación con el Ministerio.