Por: Jorge Vergara Carbó.
Esta propuesta la hicimos publica, el 26 de marzo del año 2019, al igual que anteriormente habíamos solicitado que no se interviniera a Electricaribe por la sencilla razón que esa empresa, se iba a declarar en quiebra y ser entregada sin costo alguno al gobierno nacional.
No hicieron caso y la intervinieron con el solo fin de favorecer a los españoles, y por supuesto perjudicar a los caribeños por el mal servicio y la mala administración de la Superservicios, que terminó en dos años de intervención llevando a la empresa a unas perdidas financieras de $3.9 billones, cuando en 17 años, los españoles perdieron $800.000 millones, a parte de bajar los recaudos a niveles del 80%, y las pérdidas de energía que estaban en el 18% al 27%. A lo anterior súmele que los españoles gracias a la intervención les permitió demandar por expropiación de activos extranjeros y en un pleito en la CIADI lograron que el gobierno para no perder el pleito aceptara que no fue una expropiación sino una intervención lo que termino en un triunfo para los españoles al recibir como dueños de Electricaribe el valor de la venta de sus acciones US$150 millones.
Eso nos costo la decisión en ese entonces la intervención por parte del director de la Superservicios, a quién denunciamos en su momento y no lo investigaron, como tampoco han investigado a todos los funcionarios que intervinieron en el contrato de la venta de Electricaribe empezando por el presidente Iván Duque, su ministra de energía y la señora Avendaño como a la gerente liquidadora de Electricaribe, por haberles entregado en un acto de “corrupción” una cartera de unos $3 billones, con una cartera de corto plazo(recuperable) de $620.000 millones, de las cuales por solo subsidio el gobierno le debía $240.000 millones y una facturación de 22 días del mes de septiembre que Aire y Afinia cobraron mes completo a los usuarios el 8 de octubre, por un valor de $330.000 millones. Energía que compró y pagó Electricaribe en liquidación.
Esta denuncia tampoco ha sido investigada, y todo porque el gobierno de Duque como el gobierno de Gustavo Petro se han negado a hacer publico el contrato que firmaron para conocimiento como debe ser de todos los colombianos. Estamos hablando de unos US$250 millones, regalados al señor Alberto ríos y a EPM, cuando entre los dos solo pagaron US$150 millones. En síntesis, les pagamos para que asumieran el manejo de la distribución y comercialización en el Caribe, cuando era la oportunidad para revivir a la antigua Corelca, pero esa decisión no dejaba dividendos a los vendedores.
Por supuesto, que la propuesta está ligada a que el ministerio de Minas y Energía revoque por ilegal la resolución 40272 de octubre de 2020, donde obliga a los caribeños a pagar un 20% adicional por el concepto comercialización y la CREG revoque las resoluciones también ilegales a cobrarnos el 100% de las pérdidas de energía a los caribeños, cuando la norma solo autoriza el reconocimiento de un 10%, de pérdida de energía que son las llamadas técnicas. Los usuarios no tienen porque pagar las pérdidas No técnicas, o llamadas perdidas negras o robo de energía. Por este motivo la Fiscalía investiga al director de la CREG de este gobierno, pero también debería investigar al ministro Camacho.
La estructura de mercado en el Caribe es parte del problema
El problema de la distribución en el Caribe, es su estructura de mercado centrada en el sector residencial de los estratos, 1, 2 y 3 y subnormales que superan el 85% de los clientes, a una baja participación del sector comercial e industrial.
Su mercado es disperso lo que dificulta el control y por consiguiente incrementando de las pérdidas de energía llamadas “negras” o “fraude” Las pérdidas de energía deberían estar en el 13%, como máximo.
Otro factor y quizás el principal es la poca o nula participación de la gran industria y comercio como clientes de Air-e. Se equivoca la Superintendente cuando afirma que el mercado es bueno, que en la Región hay potencial minero, que son altamente consumidores de energía e industrias nuevas dedicadas a la exportación.
Eso es mentira, los grandes proyectos mineros le compran la energía al igual que la gran industria a los generadores en contratos de largo plazo o en bolsa, o generan su propia energía. No le compran a Air-e.
La gran industria y grandes superficies no pagan la contribución del 20%, para los subsidios de estratos bajos, subsidios que le cuestan al país más de $800.000 millones anuales.
Si no se propone cambiar la Ley 142 y la Ley 143, en lo que tiene que ver con la reglamentación de quienes pueden comprar en bloque o en bolsa, al volver a poner como condición la que existía de 2MW, difícilmente el negocio pueda ser rentable. Hoy compran en bolsa o contratan a largo plazo las empresas que consumen 0.25 MW
Qué proponemos
En vista que el interés del gobierno es invertir recursos en una empresa privada, le proponemos que lo haga en una empresa del Estado creando una nueva empresa conformada por “GECELCA” “URRA” “TRANSELCA”, que cuentan con tres presidentes de alta experiencia, gran capacidad gerencial y alto conocimiento del sector eléctrico cada uno con más de 30 años en el sector eléctrico.
A esas tres empresas, que son generadoras hídrica una, térmica otra y trasmisora la tercera, se les uniría la comercializadora y distribuidora Electricaribe. Esto era CORELCA, la que acabó la clase dirigente de la región con la clase política, al permitir con la Ley 143 de 1994, que la desmembraran, situación que no permitieron EPM, EMCALI, EEBB. Ellos continuaron su operación con todos sus clientes, en cambio a Corelca la obligaron a entregarle a ISA la trasmisión, a Tebsa la generación, y las empresas distribuidoras a comprar energía por licitación lo que significó la pérdida de su mercado cautivo que eran las electrificadoras.
No veo una salida distinta a que los caribeños recuperemos nuestra empresa, eso sí dándole todos los estímulos que se le da al privado. Pero para que funcione bien, debe revisarse en la Ley lo del límite para comprar energía en bloque, este debe regresar a los 2MW, para que empresas industriales y comercios medianos puedan ser clientes de Electricaribe, y se siga subsidiando a los estratos 1, 2 y 3. Con esa conformación podemos montar una empresa que pueda competir con las grandes.
Esta salida señores parlamentarios es fácil, hoy el dueño de Gecelca-Urra es la Nación. Transelca depende de ISA, donde la Nación tiene inversión.
Por lo menos hagan el esfuerzo, debatan el tema y piensen en la región, para salir de la pobreza necesitamos contar con empresas de servicios públicos domiciliarios sólidas y eficientes.
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