Por: Fabio Andrés Olarte Artunduaga
Desde que retorné a Colombia, hace poco más de cuatro años, he conocido a ocho hombres quienes, con un poquito de vergüenza, me confesaron que son víctimas de violencia intrafamiliar. En el listado de varones que me revelaron sufrir este delito en sus hogares, hay jóvenes y no tan jóvenes, unos con alta formación académica y otros que apenas culminaron el bachillerato.
Algunos ya se alejaron de las mujeres que los maltrataban, mientras que los demás siguen conviviendo con sus agresoras. A todos, eso sí, los he aconsejado y les he dicho, con profundo respeto y cariño, que me duele mucho que nuestra sociedad se haya encargado de invisibilizar ese tipo de conductas. Y es por eso que, lo que más me aterra de la situación, es que ninguno de ellos ha sido capaz de denunciar su contexto ante las autoridades competentes.
El último boletín de comportamiento del delito de violencia intrafamiliar publicado por el Ministerio de Justicia el año pasado, en el que se desnuda con cifras el desarrollo de este fenómeno entre los años 2016 y 2023, informa que, por ejemplo, en el año 2023 se reportaron 34.935 casos de violencia intrafamiliar, en los que las víctimas fueron hombres. De ese total, 14.735 resultaron violentados físicamente con lesiones no fatales.
Pero, además, en ese mismo año 88 mujeres ingresaron al sistema penitenciario como sindicadas del delito mientras que 51 fueron condenadas, de las que 30 se enviaron a la cárcel, 13 fueron castigadas con prisión domiciliaria, 2 con detención domiciliaria y 6 con vigilancia electrónica.
Desde luego, con este texto no se busca comparar los indicadores de violencia intrafamiliar, delimitando el género de los victimarios. Lo que se pretende es poner sobre la mesa una realidad que, en muchas ocasiones, se esconde debajo del tapete de una sociedad que al padecer tantos horrores por culpa del machismo no llega a imaginar que hay población masculina que vive esta tragedia en sus casas, y que incluso puede llegar a morir guardando el secreto, por miedo a ser foco de burlas de otros de su propio género.
La pregunta, entonces, es qué está haciendo el Estado colombiano para garantizar la seguridad de estos ciudadanos. Por supuesto, además de la responsabilidad del Estado colombiano, es la propia sociedad la que necesita entender que esta problemática debe, en primera instancia, dejar de ser censurada. Es absurdo que, en pleno siglo XXI, los hombres víctimas de este tipo de violencia prefieran guardar silencio y soportar el maltrato, en lugar de denunciar y buscar apoyo institucional. Sin embargo, es aún más absurdo que haya hombres y mujeres que se burlen de este comportamiento criminal o que, en el peor de los casos, lo terminen validando.
Se requiere, entonces, una gran campaña pedagógica a nivel nacional que impacte a los colombianos y que, a la larga, termine generando que se comprenda y erradique esta situación de nuestra comunidad, porque a la larga lo que puede ocurrir, en algunos casos, es que el agredido se convierta en agresor y que sea este, probablemente, un elemento que termine ocasionando de manera directa que en nuestra geografía cada vez sea más común el feminicidio, que casi siempre no es otra cosa que la consecuencia de la violencia intrafamiliar que se ocultó durante días, meses o años.
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