La reciente radicación de la versión 2.0 de la reforma a la salud trajo de nuevo al ruedo político el proyecto más peleado por el Gobierno de Gustavo Petro. Y con este, también volvió el debate desde las organizaciones del sector y de la sociedad. Algunos de ellos, de hecho, advirtieron la falta de consenso en la construcción del articulado.
Aunque los integrantes del gabinete presidencial —como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo— han defendido el texto y asegurado que su elaboración contó con la concertación de varios actores del sistema, otra cosa es lo que dicen diferentes organizaciones y representantes del gremio. Una de estas es la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).
La ACSC sostuvo que pese a las reuniones que se llevaron a cabo con el Ministerio de Salud, la propuesta final aún mantiene muchas diferencias que deben ser discutidas durante su trámite en el Congreso de la República.
“En una primera revisión encontramos que persiste la falta de financiamiento de la propuesta y, así mismo, la vigilancia y control de los recursos del sistema no son claros. Por otra parte, aunque la norma genera compromisos para el saneamiento de las deudas actuales del sistema, no se crea una garantía para que los responsables cumplan con los pagos adeudados”, señaló la ACSC.
Por otro lado, expresaron que el proyecto perpetúa “la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el Talento Humano en Salud”. Sobre esto, explicaron que “no hay una propuesta cierta para el mejoramiento de las condiciones generales, personales, profesionales ni laborales y, aunque el artículo 40 del proyecto plantea la creación de un régimen especial para los trabajadores de la salud, la iniciativa desconoce la participación necesaria de agremiaciones como la ACSC”.
No obstante, esta no ha sido la única crítica contra la nueva reforma a la salud. La organización Pacientes Colombia, asociación que reúne a 198 organizaciones de pacientes a nivel nacional, sostuvo que el texto presentado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no incorpora los cambios expuestos sobre los principales temas que requieren atención del sistema de salud.
Al respecto, presentó algunos puntos que, según ellos, son las principales “banderas rojas” en la nueva reforma. Estas giran en torno a que se distribuyen y duplican las funciones que tienen las entidades promotoras de salud (EPS), a que se terminan los servicios complementarios sociales en salud y a que no hay claridad sobre la gestión de los programas especiales.
En ese sentido, expresaron que su participación en las mesas técnicas con el ministerio del ramo “no se materializó en cambios al proyecto de ley 312” y señalaron que “el Gobierno Nacional perdió nuevamente la oportunidad de transformar el sistema de salud con un proyecto consensuado con todos los actores”.
“Para Pacientes Colombia este proyecto es regresivo en el goce del derecho y pone en riesgo la atención de 16 millones de colombianos que requieren servicios de salud y, por ende, su vida”, expresó el vocero esta organización, Denis Silva.
Entre tanto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, quien también ha participado activamente en la discusión del manejo del sector salud, opinó que a la reforma le falta consenso y dijo que la posición del Gobierno ha sido la de querer “imponer” su propuesta.
“Dicen que nada se ha discutido más desde la Constitución, pero discusión no ha habido, ha sido el ejemplo perfecto de cómo se puede citar a cien reuniones sin oír nunca al interlocutor y de imponer su posición. No importa que le pase a los pacientes, el país y el sistema”, comentó Mac Master en su cuenta de X (antiguo Twitter).
Aun así, la Casa de Nariño y el Ministerio de Salud defienden que la reforma debe ser impulsada —a pesar de que mantiene los elementos del anterior proyecto que se hundió en abril en el Senado— y que fue “apoyada” por el número de votantes que eligieron a Gustavo Petro como presidente.
“La esencia del proyecto y el contenido fueron apoyados por 11.700.000 colombianos. Sobre ese principio volvemos a presentar una reforma, tiene 100 artículos menos, tiene 47 artículos. Ha sido consensuado con diferentes sectores. El señor presidente de la República, en reunión con el expresidente Gaviria, el presidente del Senado, el presidente del Partido Conservador y con la doctora Dilian Francisca (Toro), llegaron a un acuerdo de que las EPS continuarían y se transformarían en gestoras de salud”, ha dicho el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. COLPRENSA
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