La reciente decisión de un juez de prohibir la exploración y explotación del proyecto Uchuva 2, hasta que se realicen las consultas previas con las comunidades étnicas de Taganga (Santa Marta), ha sido un “baldado de agua fría”, ya que todas las esperanzas de autosuficiencia gasífera estaban puestas en este proyecto.
Este fallo ocurre en un contexto de disminución sistemática de las reservas de gas, y sin un plan claro para suplir la demanda, el desabastecimiento podría empezar a finales del próximo año, lo que haría inevitable la importación de gas para cubrir el mercado doméstico. Si bien Uchuva 2 —ubicado en el Bloque Tayrona, a unos 31 km de la costa entre La Guajira y Magdalena— no estaba listo para cubrir el déficit inmediato de gas, a largo plazo podría contribuir a incrementar las reservas del país entre seis y 24 años, ayudando a cerrar la brecha entre oferta y demanda que se abrirá en el futuro cercano.
El Ministerio del Interior ya ha presentado un recurso de apelación para obtener un fallo en segunda instancia que permita reanudar los trabajos de exploración en el pozo. La decisión definitiva del juez se espera en unos 10 días.
La consulta previa
El argumento del Ministerio se basa en que, desde el 31 de diciembre de 2019, el derecho a la consulta previa en Colombia se reconoce según la presencia de comunidades étnicas en las áreas afectadas por el proyecto. Esto significa que desde el 1° de enero de 2020 se acata lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional SU 123 de 2018, que establece que el derecho a consulta previa depende de la afectación directa a las comunidades, no solo de su presencia en el área. Según estudios de Ecopetrol, la comunidad de Taganga no se vería afectada por el proyecto.
El Ministerio explicó que entre 2006 y 2019 se emitieron certificaciones de no presencia de la comunidad indígena Taganga en la zona. Por esa razón, el 2 de noviembre de 2023 se emitió la Resolución ST 1630, que determinó que no procedía la consulta previa debido a la ausencia de afectaciones directas. Este proyecto, que Ecopetrol y Petrobras desarrollan desde hace más de 20 años, no ha requerido consulta previa en ningún momento del proceso, según el Mininterior.
Sin embargo, la comunidad indígena de Taganga afirma que sí se encuentra en la zona y se ve afectada por el proyecto, una postura con la que coincidió el juez. El gobernador del cabildo indígena de Taganga, Ariel Daniels, explicó a Blu Radio que su comunidad ha vivido cerca del mar por décadas, recorriendo la costa del parque Tayrona hasta La Guajira para actividades como la pesca. Aseguró que las ondas sísmicas generadas por la explotación podrían afectar gravemente la fauna marina, especialmente a especies sensibles como el mero, debido a que el sonido subacuático viaja mucho más rápido que en el aire, causando daños significativos a los animales.
Daniels insistió en que, con la consulta previa, lo que buscan es “un diálogo intercultural, que es lo que no ha habido hasta ahora”.
La importancia de Uchuva 2
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, subrayó que “este es un proyecto de interés nacional, ya que es el único que nos permitiría recuperar la autosuficiencia de gas natural”. La decisión del juez retrasa el cronograma y aleja la posibilidad de que Colombia recupere la autosuficiencia que ha mantenido durante 45 años. Según Murgas, el pozo tiene el potencial de revertir la caída de las reservas, ya que contiene un volumen de gas equivalente a 2,5 veces las reservas probadas actuales, es decir, unos 5 terapies cúbicos. El Bloque Tayrona, donde se ubican Uchuva 1 y 2, podría abastecer el 40% de la demanda nacional.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas disminuyeron un 15,7%, pasando de 2,82 terapies cúbicos en 2022 a 2,37 en 2023. Murgas advirtió que, sin este proyecto, sería necesario importar gas para satisfacer la demanda nacional. “El proyecto evitaría la compra de gas en el extranjero. De no estar operativo para 2025, tendríamos que recurrir a fuentes externas hasta que entre en funcionamiento, ya que las reservas actuales no son suficientes”, afirmó.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), señaló que sin Uchuva 2, “el riesgo para la seguridad energética es el más alto posible”. Se espera que el proyecto entre en operación en 2028, lo que obligaría a importar gas al menos durante 2026 y 2027. Sin embargo, este nuevo obstáculo podría retrasar aún más su desarrollo.
Es importante recordar que las consultas previas son uno de los trámites más demorados en proyectos de infraestructura energética. Un ejemplo es Colectora, la línea de transmisión en La Guajira, cuyos acuerdos tomaron varios años. Además, una vez firmados los acuerdos, es necesario solicitar nuevas licencias que incluyan las concesiones pactadas.
Finalmente, Pearl advirtió que, si el proyecto Uchuva 2 se retrasa aún más o no se realiza, “sería un duro golpe para la estrategia de transición energética de Colombia”. Además, señaló que hay 18 proyectos que podrían entrar en operación en los próximos 18 a 24 meses, generando 250 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes al 25% de la oferta actual, aunque estos también enfrentan dificultades por conflictos sociales y ambientales. COLPRENSA
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