Proyecto de Ley de jurisdicción agraria fue radicado en el Senado

En un acto significativo para el futuro del campo colombiano, el Gobierno Nacional, encabezado por los ministros de Agricultura, Justicia e Interior, radicó esta mañana en el Senado de la República el proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria.

Este proyecto, considerado una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, busca saldar una deuda histórica con los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes al garantizar que los conflictos de tierras sean resueltos por jueces especializados. Lea aquí: Con compra de 150 fincas en Bolívar, Gustavo Petro acelera su reforma agraria

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Durante la radicación, los ministros Martha Carvajalino (Agricultura), Ángela María Buitrago (Justicia) y Juan Fernando Cristo (Interior) destacaron la importancia de esta ley para acercar la justicia a los territorios rurales, fortalecer la reforma agraria y consolidar la paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Compromiso con la Justicia y la Dignidad del campo

En su intervención, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó que este proyecto responde a la necesidad de acercar la justicia a los territorios olvidados, donde históricamente han imperado la violencia y el despojo. “Este proyecto de jurisdicción agraria hace realidad una deuda histórica que el Ministerio de Justicia acompaña porque hay que acercar la justicia al territorio y sobre todo a esos territorios olvidados”, afirmó la ministra. Además, destacó que la ley busca unir el derecho a la justicia agraria con el derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y grupos vulnerables.

Respondiendo a la Reforma Rural y al Acuerdo de Paz

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, resaltó que este proyecto no solo cumple con los compromisos del acuerdo de paz, sino que también responde a un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años. “Hoy le estamos cumpliendo al acuerdo de paz y también al anhelo de que sean jueces de la República quienes permitan resolver los conflictos de la tierra”, señaló Carvajalino. La ministra también enfatizó que la jurisdicción agraria es una apuesta fundamental para la paz, ya que permitirá que los conflictos se resuelvan por la vía institucional, alejándolos del control de actores violentos.

El Congreso en la implementación del Acuerdo de Paz

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró que este sea el primer proyecto de ley radicado en el nuevo periodo legislativo, destacando que refleja el compromiso del gobierno con la reforma rural y la implementación del acuerdo de paz. Cristo también expresó su satisfacción por la presencia de Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador en los diálogos con las FARC y ahora es miembro de la Comisión Primera del Senado.

“Cerrar el ciclo del Acto Legislativo, ley estatutaria y ahora la ley ordinaria, y que podamos tener el año entrante en Colombia jueces agrarios, parece mentira que no los hayamos tenido después de tantos años de conflicto”, afirmó Cristo.

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El ministro también enfatizó que la radicación de este proyecto demuestra el espíritu del gobierno de construir consensos y avanzar en las reformas mediante la concertación con todas las bancadas del Congreso. “Esta ley de jurisdicción agraria trata de recoger todos los consensos. Eso hace parte del espíritu del gobierno de construir un acuerdo nacional, que el primer punto del acuerdo sea alrededor de hacer justicia con la gente que vive en el campo colombiano”, agregó.

Desde el Gobierno Petro, presentan el proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria como un paso crucial para garantizar que los problemas de tierras en Colombia sean resueltos de manera justa y expedita, con una visión de justicia social que prioriza los derechos de los campesinos y las comunidades rurales. La ley busca crear una estructura judicial especializada que permita resolver los conflictos agrarios de manera rápida y eficiente, fortaleciendo así la paz y la estabilidad en las zonas más afectadas por el conflicto armado. COLPRENSA