Por considerar que podría interferir en la investigación y su normal desarrollo, la delegada de la Procuraduría General solicitó a una jueza de Bogotá imponer medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
“Esta comisión del Ministerio Público solicita que se conceda la petición de la Fiscalía General respecto a la medida de aseguramiento (...). Teniendo en cuenta las condiciones de Sandra Ortiz, se cumple específicamente el requisito de influencia en el Ejecutivo y en la administración de justicia”, explicó la delegada.
La solicitud fue respaldada por las demás partes intervinientes, a excepción de la defensa, que advirtió posibles improvisaciones por parte del ente investigador.
Este miércoles, el juzgado definirá si impone o no la medida de aseguramiento contra la exfuncionaria, quien previamente fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Ortiz no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Por su parte, el abogado defensor acusó a la Fiscalía de actuar de manera irregular al presionar a su clienta mediante un principio de oportunidad a cambio de que aceptara los cargos.
“Esto es un claro mensaje de presión hacia mi representada. Es ilógico que una persona que se le hace un primer arraigo se le hagan tres posteriores sin ninguna justificación. Cuando los investigadores de la Fiscalía se desplazaron a la casa de Sandra Ortiz, ella les indicó que si quería les entregaba el pasaporte para demostrarles que ella no se iba a volar, pero no, fue una escena de llanto, entre el asedio, la coacción, el escándalo. Los investigadores irrumpieron delante de todos los vecinos, solo para volver a tomar huellas cuando eso ya lo habían hecho”, detalló el abogado.
Sandra Ortiz ha reiterado su inocencia y anunció que próximamente revelará los nombres de funcionarios que, según ella, estarían traicionando al presidente Gustavo Petro. COLPRENSA
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