No hay buen ambiente para que en medio de la reforma a la justicia se apruebe un artículo que busca reducir las penas para asesinos y menores de edad. La iniciativa, que es defendida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, recibió una proposición de más de 100 congresistas que piden eliminarlo.
“Tener la iniciativa de reducir las penas de abusadores, violadores y asesinos de niños es la mayor demostración de lo podrido que está este Gobierno”, afirmó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien junto a otros 100 congresistas firmaron este documento.
Mientras en el Legislativo empieza una dura oposición a este artículo de la reforma a la justicia, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha salido en defensa, aunque asegura que este no es ‘camisa de fuerza’ y están dispuestos a ceder. “No tenemos ninguna postura radical, ni en el Artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”.
Pero la postura de la jefa del ente acusador es respaldada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gersson Chaverra, quien considera que este beneficio llevaría a los criminales a reconocer sus delitos para de esta manera solicitar esta reducción de hasta el 25 % en la pena.
“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, dijo el presidente del alto tribunal.
De acuerdo con el magistrado, la imposición de una pena real, y no abstracta, refiriéndose a penas de 40 y 50 años que no terminan cumpliendo, ayudaría a disminuir la comisión de estos delitos, con efectos “positivos para la comunidad”.
“Esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable sí va a disuadir la comisión del delito (...) logramos el efecto de la prevención especial de sacar a ese delincuente que afectó la dignidad y la libertad de un menor de edad del entorno social, que muchas veces es la propia familia, y no lo que está pasando ahora, que cometen ese tipo de delitos y a los seis meses vuelven otra vez a ese entorno”, añadió el presidente Chaverra.
¿Cómo está el ambiente en el Legislativo?
La reforma a la justicia fue radicada por la ministra de este sector, Ángela María Buitrago; y por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, las dos cercanas al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico, en la Comisión Primera del Senado de la República.
Aunque no han iniciado las discusiones formales del documento, ya empezaron las voces críticas que incluso son cercanas al Gobierno Nacional y al Pacto Histórico en general, toda vez que no consideran viable que se reduzcan las penas para violadores y asesinos de niños, como lo propone el Artículo 7 de la reforma a la justicia.
La proposición ha sido respaldada por por varios políticos como Karen Manrique (curules de paz), Julián Peinado (Partido Liberal), Juan Espinal (Centro Democrático), Catherine Juvinao (Alianza Verde) entre otros.
“Gobierno Petro quiere darle un gran beneficio a los secuestradores, violadores y asesinos de niños. Con el Artículo 7 de la reforma a la justicia, estos criminales podrían obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena”, afirmó el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. COLPRENSA
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