Piden cambio en permisos para refugiados venezolanos en Colombia
- Acta Diurna
- 10 sept 2024
- 3 Min. de lectura
Desde el pasado 28 de julio, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela y luego de que la oposición declarara la victoria de Edmundo González, las autoridades emprendieron una persecución contra quienes se han manifestado contra el régimen de Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, validaron a Maduro como elegido, pese a que no fueron mostradas las actas de los comicios, que no solo reclamaba la propia oposición, así como la comunidad Internacional.
Eso desencadenó una serie de protestas que han sido reprimidas por la Fuerza Pública venezolana, que, además, lanzó una feroz persecución contra quienes rechazan el reconocimiento de Maduro como presidente.
La ONG, Foro Penal, ha denunciado que en ese país se ha registrado a cifra más alta de presos políticos “al menos en el siglo XXI”, ya que se contabilizan 1.993, de los cuales 1.659 solo desde el 29 de julio pasado, es decir, desde un día después de las elecciones presidenciales.
La organización ha señalado que se trata de 1.568 hombres y 225 mujeres, 1.636 son civiles, 157 militares, de ellos 1.734 adultos y 59 adolescentes (entre 14 y 17 años).
Foro Penal dijo que de ellos, 99 fueron encarcelados, 84 excarcelados, 149 condenados y 1.644 no condenados.
“Histórico de detenciones con fines políticos en Venezuela: Detenciones políticas (arrestos) desde 2014 a la fecha: 17.571, personas asistidas por Foro Penal que han sido excarceladas: más de 14.000 y personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad: más de 9.000”, detalló
Explicó que “presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 hrs)”.
Cambios en permisos para los refugiados
Ante esa represión y persecución, que puede derivar en otra ola migratoria hacia Colombia, la Fundación Juntos Se Puede, le pidió al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, modificar las actuales restricciones laborales que afectan a los solicitantes de refugio en el país.
La directora de esa fundación, Ana Karina García, radicó un derecho de petición dirigido al Canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, con el propósito de modificar las actuales normas y flexibilizarlas de manera que las personas que lleguen al país en calidad de refugiadas puedan tener acceso a un trabajo.
Juntos Se Puede señaló que se suma a las 1.700 detenciones arbitrarias, 40 desapariciones y 26 asesinatos, en medio de una escalada en la violación de los derechos humanos.
En la carta al canciller Murillo, García destacó cómo Colombia ha jugado un papel crucial como refugio para quienes huyen de la persecución política, el acoso a la prensa y la represión cívica en Venezuela.
Advirtió, sin embargo, que la burocracia vigente en el sistema de protección colombiano impone graves limitaciones a los refugiados en situación de espera.
«Los solicitantes de refugio, mientras sus casos están en estudio, reciben un salvoconducto que les impide trabajar legalmente, privándolos de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas», enfatizó.
La Fundación Juntos Se Puede, que durante el mes de agosto recibió más de 170 perseguidos políticos, pidió al gobierno colombiano permitir que estas personas puedan suscribir contratos laborales a término definido y de prestación de servicios con el salvoconducto, lo que les permitiría acceder a medios para asegurar su bienestar mientras se resuelve su situación migratoria.
“Hoy, tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar (…) radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, afirmó la también defensora de DD. HH.
García dijo que con estos cambios se espera que mejore la calidad de vida de los perseguidos venezolanos en Colombia, «abogando por una política más inclusiva que permita a estas personas contribuir activamente a la sociedad colombiana mientras se garantiza el respeto a sus derechos fundamentales».
ความคิดเห็น