Luego de escuchar a las comunidades y de cumplirse en los últimos tres meses cerca de 20 mesas de diálogo, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adjudicó del proyecto de APP del Canal de Dique, en un proceso que se logró después de oír a los pobladores y tras un minucioso proceso de estructuración que duró cerca de siete años.
“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.
Para lograr este objetivo, el Gobierno nacional cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en el área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.
Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar.
La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.
La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios, ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan; diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre: San Onofre. COLPRENSA
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