La Contraloría General de la República ha expresado nuevamente su preocupación las situaciones que enfrenta el sector de la energía eléctrica en Colombia. El ente de control advierte que una nueva intervención a otra empresa prestadora del servicio podría costarle al Estado cerca de $4 billones al año y afectar las finanzas de varios municipios y departamentos del país.
La entidad destaca que, si el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos no adoptan las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores podría llevar a una cesación inminente del servicio de energía. El ente de control afirma que esto podría perjudicar a los usuarios, al desarrollo económico del país, especialmente en la Costa Caribe, y a los ingresos del presupuesto nacional.
El pasado 2 de septiembre, la Contraloría advirtió que hasta 10 millones de personas podrían quedar sin servicio eléctrico en distintas regiones del país. Al día de hoy, reiteran su preocupación.
Desde la entidad han realizados diversos estudios, que según la entidad reflejan las dificultades que enfrentan las empresas prestadoras para recibir pagos correspondientes a la opción tarifaria y subsidios, así como el incumplimiento en el pago de facturas por parte de algunas entidades estatales.
Actualmente, la empresa Air-e, que presta el servicio en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, y la situación financiera de Afinia, que también tiene un número significativo de usuarios en la región, podría llevar a consecuencias similares. Esto afectaría no solo a Afinia, sino también a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia”, indicó la Contraloría General de la República.
EL ente de control señala que una intervención implica no solo conocimientos técnicos y financieros sobre la operación, sino también disponer de recursos del presupuesto nacional.
“Una nueva intervención podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, cifra que corresponde al déficit de operación de compañías como Air-e y Afinia. Es importante tener presente que una intervención implica no solo el conocimiento técnico, financiero de la operación sino disponer de recursos del presupuesto nacional”.
“Los recientes anuncios indican que la Nación no cuenta con los recursos suficientes, como lo demuestra el atraso en el giro de subsidios y el incumplimiento del compromiso de asumir la deuda de los usuarios a través de la opción tarifaria. Esto exige que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público, que es fundamental para el desarrollo, la equidad y la disminución de la pobreza”, aseguran desde la Contraloría.
"La posible intervención de las compañías no solo afectaría la Región Caribe, sino que también representa un riesgo para otros servicios como el gas. En la Costa Caribe, esto podría afectar a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto conlleva. La falta de pago oportuno a los prestadores desincentiva la prestación del servicio de energía y pone en riesgo los avances en calidad y cobertura en el Caribe Colombiano”, indica la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República hace un llamado urgente a los ministerios, superintendencias y al Gobierno nacional para que adopten las medidas necesarias para prevenir y solventar las afectaciones en la prestación del servicio público y evitar el riesgo sistémico. COLPRENSA
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