En la audiencia de imputación de cargos contra Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, llevada a cabo el martes ante el juez 53 de control de garantías de Bogotá, varias revelaciones surgieron en la versión presentada por la Fiscalía sobre su presunta participación en las irregularidades en el contrato con Mintic.
Los tres detenidos son los primeros en responder penalmente por la falsificación de tres pólizas: la de buen y adecuado manejo del anticipo, la que respaldaba el cumplimiento general del contrato y una final que respaldaba el pago de los salarios.
No obstante, la participación de Emilio Tapia, también conocido como ‘el zar de la contratación’ y quien se encontraba pagando una condena en detención domiciliaria por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, ha generado un sin número de reacciones en el país.
En medio de la imputación, en la que la Fiscalía pidió al juez enviar a la cárcel a los detenidos, tras considerar que podrían entorpecer la investigación, el ente acusador hizo reveladoras acusaciones que ponen en aprietos a Tapia.
1. Tapia estaba detrás de las empresas que conforman Centros Poblados
La Fiscalía aseguró que cuenta con el interrogatorio de Robert Antonio Gómez, representante de Novotic, quien narró los vínculos de Emilio Tapia con la UT Centros Poblados.
Este hombre asegura que Tapia, a través de terceros, manejaba Intec de la Costa S.A.S, ICM Ingenieros y Omega Buildings Constructura S.A.S, empresas que conforman Centros Poblados.
La Fiscalía aseguró que Emilio Tapia fue quien presentó a Juan Carlos Bayona, socio de Novotic, los nombres de ICM ingenieros y las demás empresas que ahora conforman Centros Poblados, por lo que ‘en la sombra’ habría sido Tapia quien orquestó todo para la adjudicación.
“Era usted quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose de la garantía falsa con el fin de que Mintic adjudicara el contrato”, le dijo la fiscal a Tapia.
Por otro lado, la Fiscalía aseguró que Emilio Tapia ubicó a Juan José Laverde, corredor de seguros, quien se encargó de encontrar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, y así obtener las supuestas garantías bancarias.
La Fiscalía agregó que Tapia sabe cómo manejar la contratación de manera fraudulenta: “hay una influencia y una capacidad de maniobra, lastimosamente, con la contratación estatal de parte del señor Emilio (Tapia), que a través de empresas en las cuales él no figura infiere su posible capacidad de obtener contratación direccionada en entidades públicas”.
2. Chats evidencian la relación cercana de Tapia con los intermediarios del contrato
En la diligencia, la Fiscalía presentó las conversaciones que sostuvo Emilio Tapia con los intervinientes en el contrato, él es quien habla con los testigos, intermediarios y representantes de las empresas que conformaban la Unión Temporal.
Los chats, que pertenecen a los testigos claves Juan Carlos Cáceres y Jorge Molina, evidencian que Tapia era el enlace en los asuntos referentes al proceso de licitación con Mintic y la compra de los equipos que serían utilizados en el desarrollo de la contratación.
“Los testimonios de los testigos que hablaron y aportaron sus equipos celulares fueron suficientemente creíbles, donde cada uno entrega la información sobre la consecución de esas garantías. El señor Juan Carlos Cáceres en su interrogatorio también hace alusión a que el señor Juan José Laverde fue el encargado de gestionar esos documentos y estuvieron hablando sobre la parte financiera de la empresa y del proyecto como tal”, señaló la fiscal.
El ente acusador también presentó algunos audios donde se escucha la voz de Emilio Tapia mientras les aclara a sus interlocutores que está consiguiendo los equipos que estaban pendientes para completar la ubicación de los puntos de internet en las zonas que le fueron asignadas a Centros Poblados.
Adicionalmente, la Fiscalía obtuvo los libros de registro y entrada a las oficinas que tendría Emilio Tapia en el norte de la ciudad de Bogotá y donde frecuentemente llegaban los ahora capturados y quienes también son testigos de la Fiscalía. En estos libros aparecen los nombres de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.
3. Emilio Tapia presionó para desviar la investigación
En Medellín, en el Centro Comercial El Tesoro, se realizó una reunión en la que presuntamente Tapia y Laverde buscaban librarse del expediente penal.
Según la Fiscalía, el 10 de agosto, a un Juan Valdez de ese sitio, llegó un abogado identificado como Daniel González, para pedirle a Jorge Alfonso Molina, que se incriminara y dijera que fue él quien engañó a Tapia, Laverde y Duque al entregarles las garantías bancarias falsas, que sirvieron para que se autorizara la adjudicación del contrato.
El objetivo era que Molina reconociera que él había sido contratado “de buena fe” por la Unión Temporal para conseguir las pólizas de los bancos y de seguros pero que, de manera individual, los había engañado con la obtención de documentos falsos.
“Le solicitan que se inculpe, que diga que él los engañó y que precisamente ellos no tenían nada que ver y que a cambio, corrían con todos los gastos de representación para ellos poder salir campantes de todo ese proceso penal”, precisó la fiscal.
Igualmente, se reveló que Laverde intentó borrar información del celular de Molina para que no quedaran pruebas de las conversaciones sobre la obtención de los documentos falsos.
Por su parte, Juan Carlos Cáceres Bayona, le informó a la Fiscalía General su intención de dar detalles de todas las irregularidades en el proceso de licitación e identificar a cada uno de los implicados, no obstante, empezó a recibir amenazas.
En una oportunidad -denunció formalmente- hombres fuertemente armados ingresaron a su vivienda, “lo amenazaron con matarlo a él por si hablaba. Él se preocupó por su seguridad”, aseguró la Fiscalía.
4. Tapia, al parecer, buscaba usar la falsedad en contrato con Emcali
La fiscal aseguró que las mismas falsedades que se usaron en este contrato con Mintic, las habrían presentado para usarlas en un proceso de contratación con las Empresas Municipales de Cali, Emcali.
Ante eso, Emcali explicó que funcionarios de la gerencia de abastecimiento estratégico y financiero revisaron detalladamente la base de datos de proveedores y del área de pago de procesos de contratación de 2020 y 2021 y no encontraron transacciones o movimientos con Centros Poblados.
En un comunicado, la entidad resaltó que sus archivos están a disposición de las autoridades competentes para que se hagan las verificaciones necesarias a los procesos realizados en la actual y las anteriores administraciones.
5. La Fiscalía no pudo capturar a Jorge Enrique López, quien al parecer fue designado por Tapia para falsificar las pólizas
Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber falsificado las pólizas usadas en el cuestionado contrato, no fue detenido por la Fiscalía a pesar de que también se realizó la orden de allanamiento y detención por parte de un juez.
Según la investigación, en cuestión de días, López tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual. A él, dijo la fiscal del caso, le pasaron un borrador de lo que necesitaban.
En la vivienda de López se incautaron computadores, usb, tablets, celulares y documentos que se usarán dentro de la investigación, pero la fiscal infirió que este hombre también fue contactado por Tapia la falsificación de las garantías.
Los hoy detenidos se declararon inocentes de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal y se espera que este viernes se defina si los envían o no a prisión mientras avanza el proceso. COLPRENSA
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