Ya se tiene fecha confirmada para que la magistratura de Justicia y Paz defina la libertad o no del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien llegó el 27 de febrero a Bogotá y actualmente está recluido en la cárcel La Picota.
El Juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá definió que las diligencias se realizarán de manera virtual el viernes, primero de marzo, y el lunes, 4 del mismo mes.
Este viernes la audiencia irá de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. El segundo día, de las dos hasta las cinco de la tarde. En las diligencias se sustentará y decidirá sobre la solicitud de libertad de Mancuso.
Para garantizar la comparecencia del exjefe paramilitar, Justicia y Paz envió al Inpec un oficio que deja claro que ordena al director del complejo carcelario La Picota disponer “lo pertinente para que el mencionado asista de manera virtual a la audiencia”.
También se ordenó a la Fiscalía rendir un informe que contenga el estado de judicialización de todos los hechos, los procesos en curso, las imputaciones y las investigaciones en la justicia ordinaria, así como las órdenes de captura, entre otros elementos.
Cabe recordar que su posible libertad le daría la opción a Mancuso de ejercer su labor como gestor de paz, el cargo en el que el gobierno de Gustavo Petro lo designó en agosto del año pasado.
Vida criminal de Mancuso
Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC, grupo responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad.
Su desmovilización se hizo tras una negociación con el Gobierno de Uribe (2002-2010), que lo extraditó en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque seguían dedicados al narcotráfico.
En ese país, Mancuso fue condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.
Sin embargo, en marzo de 2020 el juez estadounidense que lo sentenció dio por cumplida la pena al convalidarle como parte de la condena los dos años que estuvo encarcelado en Colombia así como los que pasó en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.
Como parte del acuerdo de las AUC con el Gobierno, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes. COLPRENSA
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