La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra ese Tribunal por la decisión de acoger al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La JEP argumentó que el Ministerio Público tenía otros mecanismos e instancias (subsidiariedad) para controvertir jurídicamente la determinación de recibir en esa jurisdicción a Mancuso como actor “bisagra” entre los grupos ultraderechistas y la fuerza pública.
En su decisión el Tribunal de Paz dejó abierta la posibilidad para que sea la Corte Constitucional la que entre a dirimir la competencia entre esa jurisdicción y Justicia y Paz, creada para juzgar los crímenes cometidos por los paramilitares, frente a las actuaciones judiciales de Mancuso.
“De acuerdo con las reglas explicadas sobre la subsidiariedad, es menester efectuar el análisis de idoneidad del mecanismo, para lo cual debe decirse que ese instrumento detenta tal calidad, pues el ordenamiento ha previsto que cuando dos o más autoridades de distintas jurisdicciones, sin un superior jerárquico común, tengan una disputa en torno a la competencia para conocer de uno o varios asuntos, será la Corte Constitucional la encargada de dirimirla”.
Así lo señaló el fallo de 43 páginas elaborado por la subsección quinta de la Sección de Revisión de la JEP.
La Procuradora 181 Judicial II Penal de la Coordinación Nacional de Justicia y Paz había acudido a la tutela para dejar sin piso la determinación de la JEP que asumió el caso de Mancuso y luego requirió a varios tribunales que aceptaran la libertad del exjefe paramilitar, bajo el propósito de su valioso aporte al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado en los que estuvieron involucrados miembros de la fuerza pública.
A mediados de marzo e inicios de abril, Justicia y Paz había reclamado por la determinación de la JEP de conocer de manera exclusiva el caso de Petro, tras admitirlo en condición de “bisagra” en el caso de las investigaciones contra los militares y la policía.
La determinación de hoy pone las fichas de este rompecabezas en manos de la Corte Constitucional para que se decante cuál será la jurisdicción a la que pertenecerá Mancuso, que volvió al país a inicios de año como gestor de paz, tras purgar una década en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. COLPRENSA
Comments