En un informe presentado por Edwin Palma, Agente Especial de Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) recibió un diagnóstico exhaustivo sobre la situación financiera, operativa y administrativa de la compañía que presta servicios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El documento revela irregularidades que comprometen la sostenibilidad de la empresa y la calidad del servicio eléctrico en la región.
Entre los hallazgos principales del informe se destaca que:
Contratos incumplidos y problemas de contabilidad: Se identificaron inconsistencias en la contratación con terceros y desorden contable.
Racionamientos bajo justificaciones cuestionables: Apagones fueron reportados como "mantenimientos", afectando a comunidades y sectores productivos.
Baja ejecución del plan de inversiones: Las inversiones previstas para 2023 y 2024 no se realizaron, impactando negativamente el reconocimiento tarifario y la calidad del servicio.
Pérdidas millonarias: La empresa presenta un deterioro patrimonial, con pérdidas acumuladas y obligaciones financieras que alcanzan los $1,9 billones.
Retrasos en pagos: Incumplimientos en el pago a proveedores han generado 21 procesos ejecutivos suspendidos por un valor de $69.325 millones.
Impacto tarifario: El incumplimiento en la senda de pérdidas de 2024 conllevará a la suspensión del plan de pérdidas en 2025, obligando a la empresa a devolver cerca de $400.000 millones a través de tarifas.
Problemas operativos y técnicos: Los cortes de energía injustificados y la desconexión frecuente de circuitos han incrementado costos de mantenimiento y generado desconfianza en los usuarios.
Retos laborales y sociales: Se reportaron prácticas de tercerización excesiva, incumplimientos laborales y deterioro en el diálogo con sindicatos.
El informe subraya que "Esto significa un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los $400.000 millones”.
Según Edwin Palma, Agente Especial de Air-e "encontramos irregularidades, por ejemplo, en los procesos de contratación con proveedores, también en temas de orden laboral, contables e incluso operativos. Detectamos que se disfrazaban como mantenimiento ciertos apagones en diversas regiones donde se presta el servicio de energía. Por ello, hemos entregado este informe al señor superintendente, como nos obliga la ley". Agregando que "esperamos que, en los próximos días, la Superintendencia, con base en este informe y en su propio análisis, determine la modalidad de la toma de posesión. Mientras tanto, seguiremos trabajando en la reducción de las tarifas y en la prestación del servicio, ya que esa es nuestra principal tarea: garantizar el servicio público esencial de energía. También trabajaremos en la reducción de las tarifas, como lo ha ordenado el señor Presidente, de la mano con un fuerte proceso de autogeneración de energía eléctrica a través de energía renovable fotovoltaica, tal como lo ha anunciado nuestro Presidente de la República". DATAIFX
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