En medio de las tensiones fiscales y los retos de gobernabilidad, el presidente Gustavo Petro anunció la expedición del decreto de conmoción interior para la región del Catatumbo, una medida que permitirá implementar acciones extraordinarias con el fin de financiar un pacto social enfocado en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y el impulso de cultivos agrícolas como maíz, cacao y café. Sin embargo, el debate sobre la viabilidad financiera de estas medidas se intensifica ante los datos revelados por Fedesarrollo sobre la ejecución del presupuesto nacional en 2024.
Según el centro de estudios, el año pasado solo se ejecutaron $395 billones del presupuesto general, de los $475 billones apropiados, lo que equivale a una ejecución del 83%, inferior al promedio de 88% registrado en los últimos cinco años. El mayor rezago se evidenció en el presupuesto de inversión, que alcanzó una ejecución de apenas el 57%, dejando sin utilizar $39 billones frente al monto total asignado y $18 billones en comparación con el promedio histórico.
Estas cifras preocupan particularmente en el contexto del presupuesto para 2025, que asciende a $511 billones tras un aplazamiento de $12 billones. Aunque el Gobierno deberá realizar ajustes presupuestales para abordar la crisis en el Catatumbo, Fedesarrollo cuestiona la necesidad de nuevos impuestos o recursos adicionales, resaltando que la prioridad debe ser una ejecución más eficiente de los fondos ya asignados.
La baja ejecución presupuestal plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para implementar los planes previstos en el Catatumbo y otras regiones afectadas por conflictos sociales y económicos. Además, pone en el centro del debate la gestión de los recursos públicos como un elemento clave para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y atender las necesidades de la población. DATAIFX
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