¿Estado de opinión?

Esta semana RTVC, entidad oficial que maneja el Sistema de Medios Públicos, inaugura su noticiero de televisión nacional: RTVC Noticias, a través de la estatal Señal Colombia, que tendrá dos emisiones diarias (a mediodía y 8 p.m.) de lunes a viernes y una en fin de semana. Su lema: “El Noticiero de Todos”.

Este hecho debería provocar un debate muy serio y responsable en nuestro país. Se trata, nada más ni nada menos, que del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y de las garantías constitucionales para el ejercicio de la misma.

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En efecto, el articulo 75 de la CN cuando habla de los “Derechos Sociales, Económicos y Culturales” indica que el Estado únicamente debe gestionar y controlar como bien público el espectro electromagnético con el fin de garantizar, por un lado, “la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso” y, por el otro, “el pluralismo informativo y la competencia” y, además, “evitar las prácticas monopolísticas”. A su vez, el articulo 20 de la carta magna – “Derechos Fundamentales”- consagra la garantía de que los ciudadanos reciban “información veraz e imparcial”.

Recordamos cuando en Telecaribe, hace algunos años, tuvimos que dar la batalla, junto con otros representantes de las programadoras, ante la intención de varios gerentes – impulsados por sus juntas directivas (los 7 gobernadores de la costa) – de crear noticieros y programas de opinión propios del canal, a pesar de que la ley ordena de forma taxativa: “Los canales regionales estarán obligados a celebrar licitaciones públicas para la adjudicación de programas informativos, noticieros y de opinión” (numeral 3, Art. 37, ley 182 de 1.995 conocida como la Ley Nacional de Televisión). Y Telecaribe es una Empresa Comercial e Industrial del Estado, adscrita al Mintic, igual como lo es RTVC.

No debemos dejar que el debate se circunscriba solamente a que los dineros de los impuestos de todos los colombianos son los que se invertirán en este nuevo informativo oficial ni tampoco que entre en el juego de moda de la polarización política en donde, por un lado, los detractores del gobierno, o del partido de gobierno, afirmen que se trata de una nueva escalada para tomarse los medios, en donde además del conocido espacio de una hora diaria del propio presidente próximamente sumarán la ayuda del Mintic a algunos de ellos en plena época electoral. Y, por el otro, los defensores de la idea aleguen que se trata de lo que ocurre en Alemania con la Deustche Welle (DW), en el Reino Unido con la BBC o en España con Televisión Española (TVE). Pues, vale aclarar, que son sistemas políticos totalmente distintos. Aquí tenemos un régimen presidencialista y allá son regímenes parlamentarios en donde, precisamente, es el propio parlamento, elegido directamente por el pueblo, el que a su vez elige al Primer Ministro (Inglaterra) o al Canciller General (Alemania) o al Presidente de Gobierno, nombrado por el Rey (España). Es decir, todo un sistema de pesos y contrapesos muy diferentes al nuestro.

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Se argumenta además que con este proyecto se crean puestos de trabajo para el gremio periodístico tan golpeado. Volvemos a la Constitución. El articulo 73 reza: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”

Insistimos, el debate debe ser sobre nuestros derechos fundamentales y quizás ser más profundo para establecer si lo que se pretende es establecer aquí un informativo estatal como “Telesur” (propio del tan criticado Castro-Chavismo) o, finalmente, implementar un “Estado de Opinión” que sobrepase los límites del “Estado de Derecho” que tanto proclamamos.

@vherreram