El camino es la ley de competencias del gobierno Petro

Por: Jorge Vergara Carbó

Actualmente, en el país, y principalmente en Antioquía y el Caribe se viene proponiendo alternativas descentralistas, para acabar de una vez por todas con el centralismo ejercido por un régimen presidencial que se queda con el 72.8%, de los ingresos corrientes de la nación (ICN), en los últimos 26 años, lo que obliga a las entidades territoriales a viajar a Bogotá a mendigar recursos financieros para solucionar parte de sus problemas sociales. Lo que se ha transferido a las entidades territoriales en promedio en los últimos 26 años, realmente es el 27.2% de los ICN, y no la cifra que utilizan normalmente algunos analistas del 20%. El resto 72.8%, se queda en el gobierno central. Con esos recursos, las entidades territoriales deben dedicarlo, a la educación, salud, agua, saneamiento básico y propósito general. El cuadro No 2, muestra ese comportamiento.

Lo que logró Carlos Rodado, apoyado por Guillermo Perry y constituyentes de Caribe, que los ingresos corrientes de la Nación (ICN) se distribuyeran a través del “Situado Fiscal” progresivamente hasta llegar al 46.5%, a las entidades territoriales de acuerdo a su población, y el resto para el gobierno central. Lo logrado, no alcanzó a cristalizarse por varias razones, una de ella el fracaso en el gobierno de Ernesto Samper, de no lograr aprobar la Ley de Regiones cuando contaba con varios ministros oriundos del Caribe (Eduardo Verano, Cecilia López, Cabrales) y con el presidente del Senado Amylkar Acosta y un hombre muy ligado con Barranquilla, por haber estudiado en esa ciudad Horacio Serpa; la segunda por haber perdido Horacio Serpa las elecciones con Andrés Pastrana, lo que implicó un giro diferente en la política descentralista que se venía aplicando en el país, desde el gobierno de Turbay Ayala., Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria. Pastrana llevó al país, a la mayor recesión económica del siglo XX, caída del 4.5% del PIB, desempleo del 22%, depreciación del peso 12.9%, inflación del 16%, y la quiebra del sector financiero, ante este panorama y el alto déficit fiscal, el presidente Pastrana presento el acto legislativo 01 del año 2001, el cual fue aprobado por el Congreso. Ese acto creaba el Sistema General de Participación, reemplazando al llamado “Situado Fiscal”. Después en el año 2007, gobierno de Álvaro Uribe, le dio “jaque mate” al sueño de los constituyentes del 91, con el acto legislativo cuatro (4) de ese año. Esas dos modificaciones impidieron que hoy estuviéramos recibiendo el 46.5%, de los ICN, en vez del 27.2%, en promedio que hemos recibido. Eso ha significado dejar de recibir las entidades territoriales unos $580.8 billones del 2000 al 2025. (ver Cuadro 2)

Hoy, andamos, en buscar lo mismo o algo parecido a lo logrado en la Constitución del 91, que los ICN se distribuyan mejor entre la Nación y las entidades territoriales, por ello, actualmente hay tres (3) propuestas sobre la mesa una del Caribe, otra de Antioquía y la tercera del gobierno de Gustavo Petro con su reforma al SGP y la Ley de Competencias a discutirse y aprobarse por el Congreso.

1, Propuesta Caribe

Por ello, en el Caribe colombiano, se habla de la creación de las regiones autonómicas, pero con recursos(RET), ya que las llamadas Regiones Administrativas de Planificación(RAP), fueron creadas en la ley territorial(LOOT), pero sin recursos, y parece mentira la única RAP que no funcionó fue la del Caribe, las otras se crearon y operan sin dificultad, y a pesar de ello, su líder(no ha habido otro en 34 años en el Caribe) es el hoy, por tercera vez gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa .

En que consiste su propuesta: En transformar la RAP que no funciona, sino para sus intereses y la de sus amigos, en una RET, pero con recursos. Basado en la LOOT, que establece que después de cinco (5) años de constituida la RAP, estas pueden convertirse en RET. Lo que plantea es un Estado Regional con autoridades propias, no depender del centralismo, participar de las rentas y recursos de los ingresos corrientes de la nación y elaborar un plan de desarrollo regional con proyectos de impacto regional. Este ha sido el sueño de Eduardo Verano convertirse en el presidente de la Región Caribe. Su propuesta excluye a los alcaldes, nunca los ha tenido en cuenta, ni siquiera los de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Solo incluye a los gobernadores, sin aclarar de llegar a convertirse la RAP en RET, que pasara con los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.

Para llegar primero a presentar un proyecto de ley al Congreso, que cuente con el aval del gobierno central deben cumplirse los siguientes pasos:

a) Lograr que la Registraduría Nacional organice el Referendo a celebrarse el 8 de marzo del 2026

b) Cada Asamblea Departamental debe entregarle mediante una ordenanza facultades al gobernador para que haga parte de esa iniciativa.

c) Cada Región debe tramitar su propia ley regional

d) Debe contarse con el apoyo del gobierno nacional

e) Promocionar el Referendo y preguntarles a los votantes Si está de acuerdo en que la RAP se convierta en una RET

f) La respectiva Ley orgánica, será revisada por la Comisión de Ordenamiento Territorial para que emita su concepto favorable o desfavorable

Finalmente, el Congreso someterá a votación dicha ley de ordenamiento territorial la podrá aprobar o rechazar, en el evento de aprobarla hay que volver a consultar a los ciudadanos de cada Departamento

¿Cómo está la situación en el Caribe hoy?

Varios gobernadores, le han copiado, y han propuesto a su asamblea la aprobación de la ordenanza respectiva para que lo autoricen, en el caso del Atlántico ya tiene su ordenanza, no conocemos la de los otros Departamentos.

Sucre, como siempre lo ha hecho, se adelantó incluso al mismo Atlántico, y creo su propio Comité para impulsar esta iniciativa. Iniciativa que el común de la gente, y me atrevo a decir, que muchos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales dirigentes gremiales, no entienden en realidad lo que propone el gobernador Verano, con la creación de una Región Autonómica, al convertir una RAP que no funcionó, que no funciona, que no tiene recursos en una RET con recursos, pero sin especificar cuáles serían los recursos que la Nación le cedería. ¿Pretende que funcione como funciona Cataluña en España?, o pretende eliminar las gobernaciones y alcaldías con su asamblea y concejo? No hay claridad, en su propuesta, se sigue con el discurso contra el centralismo bogotano y del gobierno central, olvidándoseles que en el fondo los gobernadores como los alcaldes son centralistas. Pedimos autonomía, pero no le explicamos al país, que es lo que en realidad queremos buscar, y si ese camino es el mejor para Colombia.

A esta propuesta, le falta pueblo, enseñanza, para que la gente salga a votar con conocimiento, que sepa porque vota por una Región Autonómica. No le queda fácil a la gente entender, que es lo que en realidad se quiere para el Caribe. Debe explicarse con claridad que lo propuesto va a mejorar la situación económica y social de la gente, o va a beneficiar a los mismos con las mismas. Pregunto ¿Es hoy posible, que el gobierno del cambio le dé, el visto bueno a esta iniciativa, cuando su propuesta de ordenamiento territorial se distancia bastante de la Caribe y antioqueña? ¿Es posible seguir adelante, señores gobernadores y diputados sin el beneplácito del gobierno de turno? ¿O simplemente, es una estrategia para las elecciones parlamentarias del 2026? ¿Quién conoce el contenido de la Ordenanza aprobada en el Atlántico? ¿Usted la conoce?

2. Propuesta antioqueña

Por su parte, los antioqueños, distanciados de la propuesta del gobernador Verano, en principio plantearon el Estado Federal, Antioquía Federal, y vendieron la idea, con cifra en la mano, de que el centralismo estaba acabando con Antioquía, dado que era más lo que producía Antioquía en ICN, que lo que recibía del gobierno central. Su propuesta se centraba, en que los recursos generados en el territorio antioqueño por impuesto a la renta y patrimonio, se quedará en el sitio donde se generaba.

Hay, que reconocerle a los antioqueños, su capacidad de trabajo, para esta propuesta, monto un equipo de lujo, encabezado por la dama de hierro del ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, la exministra costeña María del Rosario Guerra, el exministro de agricultura Carlos Gustavo Cano y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, entre otros y como coordinador nombraron al exministro Wilson Ruíz, quien viaja por todo el país, exponiendo sus tesis, defendiendo su propuesta y recogiendo las firmas que se necesitan..

Elaboraron dos documentos, uno “Por las Regiones, Firmen” donde explican el ABC Referendo por la Autonomía Fiscal de las Regiones, y el otro, la exposición de motivos. donde explican los beneficios para las regiones de su propuesta, y terminan con la presentación de un proyecto de ley que busca convocar al pueblo a un “Referendo” y se propone una reforma constitucional. Esta es su propuesta:

Adiciónese un inciso y un parágrafo al artículo 298 de la Constitución Política con el siguiente tenor:

“Sólo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. Su distribución se hará atendiendo a los

principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la implementación de esta reforma se dispondrá de un régimen de transición que no podrá superar dos vigencias fiscales contadas desde su promulgación”

Aprueba Usted el anterior texto:

Si ( )

No ( )

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación.

No es complicada su propuesta, dado que consiste en tomar de los ICN que para el año 2024, fueron de $266.8 billones, los $97.5 billones, que se generaron por impuesto a la renta y $1.5 billones, generado por el impuesto al patrimonio, de ese año, o sea un total de $99 billones, que se repartirían entre todos los Departamentos y el Distrito Capital de acuerdo al número de su población. Se excluyen a los entes territoriales municipales y distritales.

La propuesta antioqueña, es entregarle recursos frescos y fijos a los Departamentos y al Distrito Capital, que complementen los impuestos al vicio, que es de lo que viven actualmente y por supuesto de las trasferencias del SGP.

Una propuesta diferente a la del Caribe, que pretende convertirse en una Región Autonómica, con sus propias leyes, régimen tributario y capturar un porcentaje por definir de los ICN.

La propuesta antioqueña, con ese cambio constitucional de que los Departamentos manejen directamente el impuesto a la renta, esperan poder diseñar estímulos tributarios para atraer inversiones. Algo similar al comportamiento en los municipios y distritos concediendo estímulos tributarios para atraer inversión, como si el inversionista se movería solo por los beneficios tributarios, sin tener en cuenta otras variables que incluso pueden pesar más, que los estímulos tributarios.

3. Propuesta de Petro: reformar el SGP

El presidente Gustavo Petro, desde un principio, aunque con recelos se interesó en las distintas propuestas que se estaban presentando en el país para reformar el SGP. En el Congreso, por iniciativas parlamentarias se presentaron tres (3) proyectos de ley, todos encaminados a lo mismo, incrementar la participación de las entidades territoriales en el ponqué de los ingresos corrientes de la Nación.

El gran acierto, del presidente Gustavo Petro para sacar esta iniciativa adelante, fue nombrar a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quién una vez posesionado, se centró en sacar adelante su propuesta como candidato a la presidencia de la República, y por supuesto su proyecto de reforma al SGP, logrando convencer al presidente Petro de esa iniciativa cuyo origen se dio en el Congreso.

El ministro Cristo, con el ministro de Hacienda y Planeación Nacional estructuraron un proyecto de ley, lo presentaron al Congreso, y este fue aprobado en sus debates reglamentarios convirtiéndose en ley de la República, la cual fue sancionada por el señor presidente Gustavo Petro.

La ley modifica los artículos 356 y 357 de la CN, y su puesta en práctica está sujeta a la expedición de una ley de Competencias, que debe presentarse al Congreso en las sesiones ordinarias de julio, de este año y ser aprobada en el año 2026, u antes, entrando en operación solo a partir de enero del 2027. En una transición de 12 años, el SGP llegará al 39.5%, de los ICN. Un avance significativo, pero lejos del que se pretendió en el año 1.991, de que se repartiera el 46.5% de los ICN, a las entidades territoriales.

Para mayor ilustración, presentamos los aspectos más relevantes de las modificaciones:

ARTÍCULO 357. El Sistema General de Participaciones crecerá como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación hasta llegar a ser el 39,5 por ciento de estos. Para este fin, se tendrá un periodo de transición de 12 años contados a partir del año siguiente en que se expida la ley de qué trata el artículo 356 constitucional,

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El Sistema General de Participaciones como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, se incrementará anualmente, a partir del año siguiente en que se expida la ley orgánica de competencias de que trata el artículo 356 constitucional. El incremento anual será un porcentaje igual a la duodécima parte de la diferencia entre el 39,5 por ciento establecido como meta y el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinado al Sistema General de Participaciones correspondiente al año de entrada en vigencia de la ley de competencias contemplada en el artículo 356 constitucional.

Fuente: DIAN-DNP cálculos JVC *presupuestado. Los demás datos son reales. + explica la sumatoria de los ingresos recibidos desde el año 2000, hasta el año 2025, multiplicado por la diferencia entre lo que se aprobó en la CN del 91, para los ICN 46.5%, menos el porcentaje promedio que se pagó por parte del gobierno central a las entidades territoriales. Su resultado es lo dejado de recibir por las entidades territoriales $580.8 billones.

¿Qué viabilidad tiene la propuesta Caribe y Antioqueña, ante la del gobierno del presidente Gustavo Petro?

Ninguna de las dos, tiene la posibilidad de salir adelante por la sencilla razón, que las cifras no cuadran y por supuesto porque no cuentan ni contaran con la aprobación del presidente Petro y de su ministro de Hacienda.

La realidad, es que la iniciativa del gobierno no es una ilusión, es una realidad convertida en el Acto Legislativo 04 de diciembre 27 de 2024, que modifica los artículos 356 y 357 de la CN, llevando los recursos a transferir al 39.5%, y darle participación de esos recursos a las entidades indígenas y resguardos indígenas sino se transforman en Región indígena.

Para que eso sea real, debe aprobarse por el Congreso una ley de Competencias, que tiene prácticamente terminado el gobierno un proyecto de ley, para socializarlo con las entidades territoriales, sindicatos, juntas de Acción Comunal, universidades, gremios, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles y todo aquel que quiera participar en las distintas mesas de trabajo, que coordinará el doctor Armando Benedetti como ministro del Interior.

Ante esta realidad, no tiene sentido que, en el Caribe, en vez de centrar los esfuerzos para presentar alternativas a la ley de competencias, estemos pensando en una ilusión, en la cual no tenemos garantía, ni pruebas empíricas de que sea lo mejor para el Caribe convertirnos en una Región Autonómica, cuando no fuimos capaces de poner a operar la Región Administrativa de Planificación.

El mismo razonamiento, es para los antioqueños, su propuesta de un Federalismo no es lo mejor para el país. Siempre los principales Departamentos con sus capitales, se llevarán la mayor torta, mientras las regiones apartadas o los pueblos pequeños, seguirán en lo mismo.

¿porque desde el punto de vista de los recursos no es viable esas propuestas? Veámoslo, en el siguiente cuadro del comportamiento de los recursos de los ICN y su repartición.

El cuadro, demuestra claramente que las propuestas que lidera el Gobernador Verano para el Caribe, a pesar de que dicha propuesta no incluyen % a recibir de los ICN, ni con que recursos manejaran su autonomía legislativa y fiscal, al convertirse en una Región Autonómica, como la de los antioqueños que si fijan recursos a transferir a los Departamentos y Distrito Capital únicamente, excluyen al resto de entidades territoriales, el impuesto a la renta y el de patrimonio, que ambas propuestas son inviables, no tienen razón de ser, por lo que no se justifica gastar tiempo y dinero en promover iniciativas que no ayudaran a resolver las desigualdades existentes en el país, sino todo lo contrario tenderían a empeorarlas.

Pensar, que con la situación presupuestal y fiscal que tiene el país hoy, que es similar o peor a la que se tenía en los años 2001 y 2007, cuando se le quitaron recursos a las regiones modificando el SGP, recursos que desde el año 2000 hasta el año 2025, le significó dejar de percibir a las entidades territoriales$580.8, el gobierno de Gustavo Petro que acaba de dar un giro importante en la descentralización de los recursos, al lograr que el Congreso le aprobara una ley, para llevar en 12 años, el SGP a un 39.%%, va a apoyar estas iniciativas que terminan apropiándose de los ICN.

El Caribe, como los antioqueños deben saber, que el gobierno central así, se quite de encima unas competencias, con lo que queda del reparto de los ICN, no alcanzará ni para pagar la abultada deuda pública, que para él solo año actual, es según el presupuesto nacional $112 billones, un 41.5% del total de ICN de este año. No hay plata, ni voluntad política para esas dos propuestas.

En conclusión, no queda otra alternativa sino apoyar y sacar adelante la propuesta del presidente Gustavo Petro. concentrémonos en sacar una buena la ley de competencias.