Fedesarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han presentado un estudio que revela el costo económico del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. Según el informe, los costos directos de estos fenómenos en 2022 alcanzaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, una cifra que supera el 78% del presupuesto dedicado a la educación y más del doble de los fondos destinados a la asistencia social.
Para Colombia, estos costos ascienden al 3,64% del PIB, equivalente a aproximadamente 68 billones de pesos anuales. La investigación detalla tres áreas principales en las que se concentran estos gastos:
1. Costos en capital humano (0,88% del PIB): Incluyen la pérdida de productividad de víctimas de homicidios y delitos no letales, así como la reducción en capacidad productiva por la privación de libertad de los agresores. Estos factores limitan la contribución económica de estas personas y afectan el desarrollo laboral del país.
2. Costos para el sector público (1,0% del PIB): Representan los recursos destinados a la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Aunque estos gastos son fundamentales para mantener el orden, reducen los fondos disponibles para otros sectores críticos, como salud y educación.
3. Costos para el sector privado (1,76% del PIB): Incluyen los recursos que empresas y negocios deben invertir en medidas de seguridad como vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros. En lugar de destinar estos fondos a expansión y modernización, las empresas deben cubrir gastos para protegerse de la criminalidad.
El estudio posiciona a Colombia en el octavo lugar entre los 22 países analizados en la región en términos de costos del crimen como porcentaje del PIB. Además, el país ocupa la séptima posición en cuanto a los costos asociados al capital humano, lo que subraya la urgencia de políticas más efectivas en materia de seguridad.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advirtió sobre el impacto económico que genera la violencia en el desarrollo del país: “El crimen no solo representa una pérdida de capital humano, sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”.
El informe también señala que el crimen afecta a sectores productivos como el turismo y el comercio y contribuye a la migración y la disminución de la inversión. Mejía resaltó la urgencia de abordar estos problemas con una respuesta sostenida y estructural: “Estos hallazgos confirman la urgencia de una respuesta robusta y sostenida que priorice tanto la prevención como la mejora en la administración de justicia, lo que permitiría reducir los costos del crimen y la violencia, aumentar la confianza de los ciudadanos y el dinamismo de nuestra economía”.
Fedesarrollo espera que el estudio promueva un debate amplio e informado sobre políticas de seguridad, con miras a reducir el impacto del crimen en la economía y mejorar el bienestar de todos los colombianos. DATAIFX
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