El abogado Jaime Granados, el penalista que ha representado al expresidente Álvaro Uribe Vélez desde que empezó el caso en su contra por presunta manipulación de testigos, le pidió este viernes a la juez 44 penal del circuito la nulidad de todo el caso por el que la justicia procesa al exmandatario.
Granados presentó al menos quince observaciones contra el escrito de acusación con el que el fiscal Gilberto Villarreal le pidió a la judicatura convocar a la audiencia de acusación que este 17 de mayo sigue su curso. El jurista le pidió al fiscal aclarar aspectos que consideró abstractos, para poder ejercer su derecho a la defensa.
Por ejemplo, uno de los reparos de Granados fue el aparte del escrito de acusación que señala que Uribe Vélez “o a través de Diego Javier Cadena Ramírez, de servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo, de copartidarios, amigos o allegados suyos, logró contactos con personas en el exterior o en Colombia”.
La Fiscalía señaló que ese contacto tuvo “especialmente” el objetivo de que Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra “realizara un video o una carta con los que declara en su favor”, es decir, en favor de Uribe, luego de una visita de la congresista Piedad Córdoba y los congresistas Rodrigo Lara e Iván Cepeda en su centro de reclusión en Estados Unidos.
Para Granados, no obstante, el ente acusador no fue claro, pues la expresión “amigos o allegados” es abstracta, así como “personas en el exterior o en Colombia”. El abogado, en ese sentido, le pidió al fiscal aclarar a quiénes se refería. La acumulación de falencias, en su concepto, terminó creando una “imputación elástica”.
Otra de las alegadas fallas es un aparte en el que se lee que el expresidente Uribe, “contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testigos, documentos y/u otros medios probatorios”.
Antes de la audiencia, la Fiscalía presentó una adición a la acusación original, en la que añadió al soborno como un tercer delito por el que el exsenador deberá responder. Granados, a su turno, cuestionó: “¿Cómo es posible que ahora se esté indicando una doble atribución de soborno? Eso afecta la defensa y el núcleo mismo de la imputación”.
La respuesta del fiscal
El fiscal Villarreal respondió, aseverando que a lo largo del documento están “debidamente mencionadas” las respuestas a las quince aclaraciones solicitadas por Granados. El funcionario dijo que en el escrito la defensa puede “encontrar todas las respuestas” y que otros elementos deberán ser debatidos a lo largo del juicio.
Algunas de las respuestas del fiscal se basaron en que “todos sabemos” a quiénes se refería el escrito, que no nombra directamente a más colaboradores que a Diego Cadena. No mencionó específicamente los establecimientos de reclusión a los que se habrían dirigido las presiones impulsadas por Uribe o las personas recluidas, pese a las preguntas de la defensa.
Mas la contestación enfureció a Granados. El jurista exigió “respeto por la estrategia de defensa” y pidió dejar en el proceso una constancia de que se opone a la forma en la que Villarreal actuó. A renglón seguido, le solicitó a la Juez 44 Penal del Circuito anular el proceso, alegando una vulneración al derecho fundamental al debido proceso del exmandatario.
Tras referirse a decisiones judiciales del mismo caso, incluyendo las preclusiones negadas, y calificarlo como “sui generis”, explicó que, desde que la Corte Constitucional indicó que Álvaro Uribe puede considerarse imputado desde su indagatoria de 2017, todo el proceso debe adaptarse a las garantías que ofrece el sistema penal oral acusatorio.
Entre esas garantías se encuentra, dijo Granados, la “claridad” que requiere conocer la defensa para poder, valga la redundancia, defenderse. Como la respuesta de la Fiscalía a las aclaraciones no ofreció esa claridad, y no detalló los “hechos jurídicamente relevantes”, no se garantiza el debido proceso, así que la causa debería anularse completamente.
“Si algo llama la atención de este caso, es que no existe un relato claro y sucinto de los hechos jurídicamente relevantes”, manifestó Granados, al apuntar que desde que el magistrado César Reyes aplicó la indagatoria por varias horas Uribe no ha podido defenderse bien. “Por ser Álvaro Uribe Vélez no va a tener menos garantías que cualquier ciudadano”, añadió. COLPRENSA
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