Durante la discusión del proyecto que le apuesta a reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), que ya avanza en el sexto de sus ocho debates y que busca cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución, afloró una puja entre dos pesos pesados del Gobierno de Gustavo Petro: los ministros del Interior y Hacienda, Juan Fernando Cristo y Ricardo Bonilla, respectivamente.
¿La razón? La viabilidad fiscal del proyecto. Si bien el ministro Cristo ha defendido la iniciativa y hace parte de toda su entraña, el ministro Bonilla ha prendido las alertas y ha advertido que una mayor transferencia de recursos a municipios y departamentos puede tener impactos en las finanzas de la Nación.
Incluso, a la negativa se sumó el director de Planeación Nacional, Alexander López, que también emitió un concepto negativo en contra del proyecto. El objetivo ahora sería tratar de frenar el proyecto en la plenaria del Senado en sexto debate con miras a atajar lo que en el Ministerio de Hacienda califican como un golpe a la sostenibilidad fiscal del país.
Este martes, al término de una sesión legislativa para discutir el proyecto, Cristo negó que el proyecto hubiese estado trabado y hasta llegó a afirmar que el Gobierno Nacional está respaldando la iniciativa de manera unificada. Incluso, enmarcó la reforma en su mentado acuerdo nacional: “hoy le propuse a la plenaria a nombre del Gobierno Nacional, que está respaldando esta iniciativa de manera unificada, que hagamos un gran acuerdo nacional”.
Según Cristo, el proyecto “nunca ha estado trabado” y es de la mayor trascendencia para el país. “Tal vez había pasado inadvertidamente y yo celebro que se haya abierto este debate. Para mí, como ministro del Interior, este es tal vez el debate más importante que debe dar la sociedad colombiana: si seguimos con un centralismo que asfixia las posibilidades de desarrollo de las regiones, que se queda con todo, o si se distribuye el poder y los recursos con los departamentos y municipios de Colombia”.
En esa línea, instó a las bancadas de la oposición y a sectores independientes, así como a la academia, en avanzar en la discusión, advirtiendo que las brechas que hay en Colombia tienen origen en el centralismo: “se ha venido exacerbando en el país después de la contrarreforma que se hizo a la Constitución en el 2001 y el 2007, cuando el Estado central se quedó con $400 billones de departamentos y municipios del país. ¿Qué pasó con esos $400 billones en estos 22 años?”, cuestionó.
El objetivo del proyecto es que la Nación pase de transferirle a los entes territoriales el 20% de sus ingresos corrientes (ICN) al 46,5%. El objetivo es mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, saneamiento básico e infraestructura. “La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios”, dice el Ministerio.
De ser aprobada, según los cálculos del despacho que lidera Cristo, la reforma entraría en vigencia en 2027 después de que el Congreso expida una Ley de Competencias. “El proyecto determina que se transferirán recursos y competencias gradualmente durante 10 años”, precisa la cartera.
De hecho, este mismo miércoles Cristo arreció en su discurso y sostuvo que es posible avanzar en la promesa de 1991 de autonomía territorial sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
“Lo que es imposible es quedarnos estáticos ante el fracaso del centralismo para resolver los problemas de las regiones en las últimas décadas. Por eso, es clave lograr un acuerno nacional alrededor de este propósito. El acto legislativo que avanza en el Congreso es solo el inicio de una hoja de ruta hacia la verdadera autonomía de las regiones”, precisó. COLPRENSA
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