Por: Sebastián Acosta Zapata
El país siempre ha estado polarizado, eso no es nada nuevo. Ha habido fuertes tensiones desde el momento mismo de la definición de la república. Entre 8 y 9 guerras civiles en el siglo XIX dan cuenta de ello. Las diferencias han sido sistemáticamente eliminadas, y sobre todo las que busca redistribuir los recursos efectivos de poder.
Las élites latinoamericanas han sido, cada una a su manera, mezquinas y dignas herederas de las instituciones coloniales que impusieron los españoles en estas tierras. No es casualidad la desigualdad, la violencia, la discriminación, la falta de educación, de salud y la pobreza que vive toda la región. Sin embargo, ha habido una tensión constante entre dos grandes sectores de quienes procuran ordenar y dar lineamientos en los países latinoamericanos.
El primer ideario es de corte conservador, profundamente religioso, reaccionario, que busca a toda costa preservar el statu quo, que busca la rentabilidad del mercado a toda costa. El segundo ideario es de corte más liberal, más colectivista, que busca distribuir más los mecanismos de riqueza, trabajo, capital y poder, cosmopolita, plural y diverso. En ese péndulo se ha movido la región. Para el caso colombiano, el péndulo se ha quedado en el primer ideario y en algunos momentos se han asumido matices del segundo que son prontamente controlados.
Colombia está ad portas de una nueva definición electoral del poder político. Y se vislumbran 3 proyectos. El proyecto conservador y reaccionario, en cabeza de Álvaro Uribe; el segundo, de corte liberal y progresista, configurado en lo que se ha llamado la “izquierda”; y el tercero busca ser un matiz entre los dos anteriores. De esos 3, el único que realmente busca transformar las condiciones estructurales y profundas es el segundo, ya que tiene teoría y visión frente a la problemática colombiana.
Sin embargo, para cambiar las condiciones de desigualdad, pobreza e injusticia no basta con solo llegar a la presidencia y ser mayoría en el Congreso, hay que enfrentar a los actores que se han beneficiado del desigual reparto de cargas. Debemos centrarnos en macroproblemas:
Tierras: Hay que implementar una agresiva reforma agraria, es decir, “la tierra para el que la trabaje”. Obviamente se encontrarán muchísimos enemigos de esta propuesta. Que no es nueva y que siempre ha sido un problema el desigual reparto de la tierra. La acumulación de tierras, desde la misma definición del Estado-Nación, ha sido garante de la concentración de poder.
Monopolios: Hay que romper con el acaparamiento de ciertas empresas en ciertas industrias y que en la práctica son casi el único actor de mercado. Por ejemplo, Avianca funciona como casi el único actor en el transporte aéreo de pasajeros, y eso lo excluye de la buena competencia, tan proclamada por los capitalistas y neoliberales, generando altísimos precios y malos servicios.
Pulpos económicos: Los grupos empresariales como el de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Julio Mario Santo Domingo, Carlos Ardila Lülle y el GEA tienen una amplia diversidad de empresas y negocios. Bancos, fondos de pensiones, medios de comunicación, ingenios azucareros, constructoras, supermercados, entre muchos más. Eso hace que en la práctica puedan influir enormemente en la política del más alto nivel. Han financiado campañas presidenciales e impulsado a muchos candidatos al Congreso de la República. Por lo cual sus intereses se ven más protegidos que otros. Para garantizar la democracia real, se debe descomprimir el poder de unas cuantas personas y empresas.
Medios de Comunicación: Que las empresas que se dedique a la comunicación social, al periodismo y a informar, no hagan parte de conglomerados económicos, y que haya más medios de comunicación. Por ejemplo, El Tiempo es de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, RCN es de Carlos Ardilla Lülle, y Caracol TV hasta hace algún tiempo era de Julio Mario Santo Domingo. En estas condiciones los intereses económicos y políticos de estos pulpos económicos se ven respaldados y patrocinados por los medios de comunicación. Esto genera que se haya creado un enclave muy fuerte e importante entre empresarios, políticos y periodistas que defienden y garantizan el statu quo que excluye y discrimina.
Educación: Se tiene que fortalecer la educación pública en todos los niveles. Se necesita una voluntad real para que tanto escuelas, colegios y universidades cuenten con recursos económicos, infraestructurales y sobre todo humanos de primera calidad. En particular las universidades públicas deben ampliar más sus puertas, ampliar las matrículas tanto en pregrado como en pregrado, y ser aliadas indiscutibles para la investigación, el desarrollo y la generación de conocimiento aplicado tanto al sector público como al sector privado y a la sociedad civil, empoderándola.
Justicia: Se tiene que fortalecer la rama del poder público dedicada a impartir justicia. Ampliar la capacidad de investigación y sanción es perentoria para que los ciudadanos vuelvan a creer en las instituciones y que no crean que la justicia sea solo para los de ruana, como actualmente lo es. Más y mejor infraestructura y personal, e impulsar reformas profundas que deje que la justicia colombiana sea tan garantista con quienes infringen la ley.
Penetración del Estado en la sociedad: Todas las instituciones del Estado tienen que llegar a todos los rincones del país. Y junto con ellas también tienen que llegar las instituciones del mercado, la productividad y la industria. Debe haber un esfuerzo colosal para romper el abandono o la presencia diferenciada de representantes del Estado en los territorios. En cada caserío, poblado, pueblo, vereda, corregimiento tiene que haber presencia de la educación, la salud, la justicia, y la fuerza pública.
Igualmente, tenemos que recordar que la degradación del conflicto social ha desembocado en conflicto armado con niveles de violencia alarmantes, aunque ya estemos acostumbrados a ellos. La guerra y la violencia son la consecuencia de estructuras socioeconómicas y políticas profundamente desiguales y excluyentes, no son el origen ni la causa. Lo mismo aplicaría para la corrupción.
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