Por: Dany Oviedo M.
Barranquilla, otrora un destino turístico y comercial, se ha convertido en el epicentro de una crisis de seguridad sin precedentes. El año 2024 registró un aumento alarmante en los homicidios llegando a los 487 casos y alcanzando una tasa de 37 por cada 100.000 habitantes, la más alta en quince años y un 30% más de casos con respecto a 2023, cuando se presentaron 375. Esta escalada de violencia, impulsada principalmente por la disputa territorial entre grupos criminales, ha generado un profundo estado de conmoción entre los barranquilleros y ha puesto en jaque la seguridad ciudadana.
El sicariato se ha erigido como la principal modalidad homicida representando alrededor del 65% de los casos, dejando una estela de muerte y terror en diferentes barrios de la ciudad. La disputa por el control del microtráfico y las extorsiones se ha convertido en el detonante de numerosos asesinatos, perpetrados a plena luz del día y con una crueldad inusitada.
Dentro de las causas de esta escalada violenta están la debilidad institucional, la impunidad, la corrupción y la desigualdad social. Es claro que el Distrito, el Departamento y la Nación han sido rebasados por esta problemática y se les ve dado palos de ciego en cada nueva medida que toman para contrarrestar este trágico problema. Por otro lado, el bajo esclarecimiento o sanción para los asesinos ha generado un sensación de impunidad en los delincuentes incentivando la comisión de nuevos delitos, igualmente, la infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas ha debilitado el Estado de derecho y ha facilitado el accionar delincuencial, y, finalmente, la profunda brecha de desigualdad social y la escasez de oportunidades -sobre todo en los jóvenes- ha generado un caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia y facilitado la reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales
La situación en Barranquilla es crítica y ha generado un profundo impacto en la vida de sus habitantes. El miedo se ha instalado en la cotidianidad de las personas limitando la libertad de movimiento y generando un clima de inseguridad. El comercio se ha visto afectado y la calidad de vida se ha deteriorado significativamente.
La ciudad se encuentra en un punto de inflexión. La violencia ha puesto en riesgo el futuro de la ciudad. Es urgente que las autoridades, la sociedad civil y el sector privado trabajen de manera coordinada para construir una ciudad más segura y justa. El desafío es grande, pero no imposible.
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