Ante los recientes anuncios del Ministerio de Justicia concernientes a la aplicación de la justicia restaurativa, la Alcaldía de Barranquilla en articulación con la Fiscalía General de la Nación inició la puesta en marcha de esta figura jurídica contemplada en la Constitución Política desde hace 20 años (Acto Legislativo 03 de 2002) y que hoy hace parte de las prioridades para el Gobierno nacional con el fin de descongestionar el sistema de judicial y reducir la conflictividad entre ciudadanos.
El Distrito, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, propone el primer Centro de Justicia Restaurativa y Mediación Penal en el país, donde los ciudadanos contarán con un equipo especializado de abogados y psicólogos que se encargarán del estudio de los casos que sean susceptibles de ser resueltos a través de este mecanismo, articular con fiscales para la resolución de los casos y hacer visitas a las partes implicadas como parte del seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos en el acuerdo.
Según lo explicado por la subdirectora de Política Criminal de la Fiscalía General de la Nación, Paula Guerrero Salazar, “la mediación es una figura novedosa en nuestro sistema, así que es un esfuerzo que queremos celebrar. La Fiscalía y la Alcaldía de Barranquilla están uniendo esfuerzos importantes para sacar adelante la mediación penal en Colombia como un método de justicia restaurativa. Esto es muy importante, la Alcaldía tiene un programa muy novedoso, ambicioso, que va a ayudar a descongestionar los despachos de los fiscales y en general a la justicia”.
Asimismo, la funcionaria explicó sobre la importancia de implementar este tipo de mecanismos en las diferentes ciudades del país: “La justicia restaurativa busca lograr acuerdos que sanen los lazos sociales, los lazos del ciudadano con la víctima, que ayuden al desarrollo profesional y técnico del victimario que a veces es también víctima de la misma violencia y de todos los conflictos que hay en nuestro país. Así que de eso se trata, de buscar otras salidas diferentes al derecho penal, que busca es el castigo, sino una salida que de verdad sane los lazos en la sociedad”.
Luego de la reunión de trabajo entre el equipo de prevención de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación las entidades se comprometieron a generar un convenio para la puesta en marcha de esta iniciativa, a lo que le seguirá la conformación de un comité técnico de estudio de los casos que pueden aplicar para la resolución por esta vía alternativa.
Durante el encuentro interinstitucional, la Fiscalía reconoció la experiencia que la Administración distrital ya tiene avanzada con respecto a la implementación de la justicia restaurativa aplicada a los jóvenes, en la cual los adolescentes pueden optar por cumplir penas alternativas a través de un principio de oportunidad otorgado por un juez.
El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez, explicó que “desde la Administración distrital, liderada por el alcalde Jaime Pumarejo, hemos decidido apostarle a la implementación de la justicia restaurativa en adolescentes, entendiendo que estos jóvenes son víctimas de contextos conflictivos y que merecen nuevas oportunidades, reparando a las personas o la comunidad que haya sido afectada con sus actos y reeducando sus comportamientos para buscar la no repetición de esos hechos”.
Además, Patrón Pérez anotó: “Barranquilla hoy día es modelo a nivel nacional en la implementación de esta estrategia, que durante el primer semestre de 2022 ha recibido 116 casos de jóvenes que buscan retomar sus vidas como actores positivos en la sociedad”.
Sobre la justicia restaurativa
El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia consagra la justicia restaurativa como una alternativa de tratamiento del conflicto que se centra en la reparación del daño causado y las relaciones afectadas por el delito, no solo entre las partes involucradas, sino también las afectaciones causadas a la comunidad.
Dentro de esta figura jurídica, se contempla la mediación como uno de los mecanismos alternativos que tiene efectos sobre el proceso penal. Dicha mediación debe ser de manera voluntaria entre las partes y cuando la víctima sea individual. Además, solo es aplicable a conductas leves, es decir, solo a ciertos delitos que cumplan con algunos requisitos estipulados por la ley y únicamente se acaba el proceso penal en los delitos cuya pena superior no exceda los 5 años, en los demás casos solo aplican beneficios procesales.
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