Un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario para un soldado profesional activo del Ejército y dos uniformados en retiro, acusados de participar en una red de tráfico ilegal de armas.
Los implicados son el soldado profesional Esinhawer Romero Moreno, el suboficial en retiro Harold Alejandro Ráquira García y el soldado profesional en retiro Sergio Lozano Morales.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelan que estos individuos pertenecieron a las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento de la Cuarta y la Sexta División del Ejército Nacional.
En sus cargos, habrían aprovechado su posición para sustraer armas de largo alcance de distintos batallones, que posteriormente vendieron a estructuras de las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. Estas actividades ilícitas afectaron zonas como Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Antioquía, Meta y Chocó.
“En el curso de la investigación se conoció que también habrían sacado de los depósitos militares piezas de diferentes tipos de armas, las cuales fueron utilizadas para ensamblar, por lo menos, 100 fusiles, ametralladoras y lanzagranadas que terminaron en manos de los grupos armados ilegales”, precisó la Fiscalía.
El operativo para capturar a los acusados fue realizado por funcionarios del CTI, con apoyo de la Brigada de Contrainteligencia Militar y el Gaula Militar.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres hombres los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Según se conoció, uno de los procesados aceptó los cargos.
Este caso pone en evidencia la continua amenaza que representan las redes de tráfico de armas dentro de las fuerzas militares y subraya la necesidad de reforzar los controles internos para prevenir la infiltración y el uso indebido de armamento destinado a la defensa del país. COLPRENSA
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